Al escribir estas líneas, cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) están en camino al matadero, perdón, Asamblea Nacional, para ser destituidos por no alinearse con el correísmo, PSC y asambleístas aliados.

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Los motivos aludidos son pretexto. Quedan liberados del juicio político y destitución los otros tres vocales, que responden a la mayoría legislativa. Si uno o más de los suplentes a ser principalizados se alinea con ellos, se conformará una nueva mayoría subordinada al correísmo y PSC.

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Podrá sostenerse que es parte del juego democrático que una mayoría legislativa elija funcionarios afines. Pero el problema radica en la Constitución de Montecristi, en la que se incorporó al CPCCS con el argumento de que sería el órgano mediante el cual la ciudadanía controlaría a los políticos. Lo que queda ahora en evidencia es que los políticos controlan a la ciudadanía.

El CPCCS no debió nunca existir, peor conformado por elección popular. Fue una creación de Rafael Correa en su afán de acaparar todos los poderes. Gran parte de los supuestos ciudadanos independientes candidatizados han sido simpatizantes no afiliados de tiendas políticas. Rafael Correa, a través de un CPCCS de bolsillo, podía nombrar funcionarios de las entidades de control que, paradójicamente, quedaban bajo su control.

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Consejos de esa naturaleza no forman parte de la estructura de poder político en democracias, sino en sistemas políticos autoritarios. En esos países los gobernantes buscan legitimarse y justificar la represión a la oposición, argumentando que ellos son controlados de manera directa por los ciudadanos. La Unión Soviética de Repúblicas Socialistas lo incorporaba en su nombre: “soviet” quiere decir consejo de campesinos y soldados.

No todos los miembros del CPCCS han sido fichas políticas. Hay también los vocales que vieron en el CPCCS la oportunidad de enriquecerse, el mismo perfil que el de gran número de asambleístas. El cura Tuárez es el caso más notorio. Por último, ha habido vocales que se propusieron cumplir con honestidad la función para la que fueron elegidos. Pero no han podido prevalecer.

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El criterio de selección de los altos funcionarios que utiliza el CPCCS no es el adecuado para funcionarios de tanta responsabilidad. El CPCCS opera como si se tratara de elegir para un cargo de carrera en la administración pública. En cargos de esa naturaleza, lo más importante no son los estudios realizados o los cargos desempeñados, sino la evidencia de la capacidad de liderazgo y éxito en el desempeño profesional. No se mide en puntos con la toma de pruebas.

En definitiva, el CPCCS no aporta nada. Añade una complicación más a un ya alambicado sistema político. Lo ideal sería desaparecerlo. Pero es parte de la estructura creada por la Constitución de Montecristi. Habrá que esperar a tener una nueva. En 192 años de vida republicana Ecuador ha tenido 20 constituciones, por lo que la ley de probabilidades dice que ya toca.

Hasta eso, cabe minimizar al CPCCS. De ahí lo oportuno de la propuesta presidencial, restableciendo, con fórmula nueva, la selección de los titulares de organismos de control mediante la interacción de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Esa pregunta debería ganar con un rotundo sí. (O)