Honduras revisa el memorando de entendimiento que le envió la ONU, antes de instalar la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicih). La presidenta Xiomara Castro hizo tal ofrecimiento en campaña en consonancia con el sentir popular. Su gabinete revisa el memorando de entendimiento “para dar el próximo paso”.

La ONU envió en mayo pasado una misión exploratoria para determinar la viabilidad de la instalación de la Cicih. Cabe relievar que esa misión no se reunió únicamente con el sector público, incluida la presidenta de Honduras y sus ministros, sino también con organizaciones de la sociedad civil como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), esta última –contrario a lo que acontece en Ecuador– apoya la instalación de la Cicih.

La idea de instalar la Cicih en Honduras, también ha recibido el beneplácito de abogados para que sirva de acompañamiento a la administración de justicia de acuerdo con el ordenamiento constitucional vigente, que trascienda el periodo presidencial y que jueces hondureños probos continúen impartiendo justicia.

Lo avanzado en Honduras en la lucha contra la impunidad es producto de la voluntad política del Ejecutivo y de ciertos partidos políticos

Se conoce que Naciones Unidas pone como condición, entre otros requisitos, que el mecanismo anticorrupción, solicitado por la presidenta Xiomara Castro, sea independiente y se constituya como acusador privado. También se solicita que los operadores de justicia cuenten con herramientas jurídicas como la Ley de Colaboración Eficaz y que se deroguen “normativas que funcionan como un pacto de corrupción”. El memorando de entendimiento busca implementar ciertos procesos y reformas legales para que Cicih y Honduras puedan garantizar esfuerzos dirigidos a reforzar el estado de derecho, la separación de poderes y la lucha contra la impunidad y la corrupción. En lo específico la ONU pide que Honduras consienta que la Cicih pueda actuar imparcial e independiente en la lucha contra la impunidad como «acusador privado». Este rol ha sido aclarado, y se lo ha entendido como querellante adhesivo en los procesos penales. Como funcionó en Guatemala con la Cicig.

También se pide que el Ejecutivo permita el apoyo técnico de la ONU en la futura implementación del marco normativo. Es un requisito para proseguir con su involucramiento. Así, expertos de la ONU harán un diagnóstico sobre la legislación e identificarán las necesidades que tiene el país, contribuyendo para elaborar nuevas leyes, proponer reformas o derogatorias.

Es de anotar que, en Honduras, la iniciativa de la ONU y del Gobierno se da en medio de una pugna de dos frentes en el Congreso Nacional: unos quieren una Corte Suprema de Justicia independiente y otros una Corte bajo control político. Hay quienes sostienen que ese control sirve para encubrir y apoyar el continuismo corrupto en el poder, pero lo que se necesita es una corte independiente, efectiva y eficaz.

Lo avanzado en Honduras en la lucha contra la impunidad es producto de la voluntad política del Ejecutivo y de ciertos partidos políticos. Esa voluntad política en sintonía con el pueblo la necesitamos en Ecuador para que venga una Comisión Internacional contra la Impunidad, similar a la de Guatemala. (O)