La acusación como autores directos del delito de asesinato de un policía y dos militares cometido bajo la modalidad de ejecución constitutiva de una grave violación a los derechos humanos fue emitido el dictamen acusatorio en contra de nueve oficiales del Ejército que participaron en la operación de rescate al expresidente Rafael Correa que estuvo retenido durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 (30-S).

... los hechos se desbordaron y llegaron a situaciones casi incontrolables y el país quedó al borde del colapso.

Son harto conocidos los hechos que se dieron ese infausto día, el expresidente Correa en un acto irresponsable de audacia concurrió al lugar de la revuelta policial, el Regimiento Quito, en el que se expuso a ser vejado y humillado. Un estadista debe actuar en estos casos difíciles con absoluta ponderación, cabeza fría y serenidad. Primero debió pedir información de la situación, luego ordenar a los ministros del Interior, de Defensa y de Seguridad que resolvieran el problema y decretar de inmediato el estado de excepción, ya que el país estaba desguarnecido por la ausencia de la Policía. Otra alternativa era convocar al Consejo de Seguridad Pública y del Estado, máximo organismo de seguridad del país; dicho organismo entre sus funciones tiene: “Recomendar al presidente de la República la adopción de medidas de prevención e intervención en casos de acontecimientos graves o amenazas que afecten o puedan afectar la integridad de los habitantes y del Estado”. Lamentablemente, no se procedió de esa manera y los hechos se desbordaron y llegaron a situaciones casi incontrolables y el país quedó al borde del colapso.

Correa reconoció que su inopinada presencia en el lugar de la revuelta policial resultó inoportuna, y declaró: “Fue un error haber ido al Regimiento, muchos dicen que fue irresponsabilidad, temeridad, probablemente. Ese es mi estilo y jamás me imaginé lo que iba a pasar”.

El diario Expreso en su publicación (13/11/2010), con el título ‘30-S: Correa y Ponce decidieron operativo’, señala: “Más de dos horas demoró el ministro de Defensa, Javier Ponce, en rendir su versión sin juramento sobre los hechos del 30-S. El ministro de Defensa, Javier Ponce, ratificó que fue él y el presidente Rafael Correa quienes decidieron sobre el operativo que permitió sacar del Hospital de la Policía al mandatario, la noche del 30 de septiembre. La orden vino del mando político. Lo conversé con el presidente y después hablé con el Comando Conjunto, dijo, a su salida de la Fiscalía, adonde acudió ayer para dar su versión”.

“Confesión de parte, relevo de prueba” es un axioma jurídico que significa “que quien confiesa algo libera a la contraparte”, esto es importante para señalar de una vez por todas quiénes deben responder por los trágicos acontecimientos del 30-S.

El Mundo de Madrid ironizó en su editorial (05/10/2010) con el título ‘Sobre sucesos en correalandia’: “La tartufocracia correísta iniciará una campaña de victimización, aprovecharán la ocasión para sumar más poder, para arrinconar más la poca libertad que el Estado no haya engullido todavía. La patria lo valdrá todo, todo sacrificio, todo abuso”.

Los muertos; los militares que cumplieron su deber, falsamente acusados, claman por justicia. (O)