“Voces de muerte sonaron cerca del Machángara” se podría decir parafraseando andinamente a García Lorca. Son voces que decretaron la muerte anticipada de un gobierno que viene agonizando desde su temprana niñez. Dada la condición del paciente, más que asesinato vendría a ser una eutanasia. La duda de los potenciales ejecutores es cuál de las medidas disponibles puede ser la más viable y sobre todo la que tenga menores costos para ellos. En el menú institucional existen cuatro modalidades, a las que se une la siempre presente amenaza del derrocamiento por la fuerza ofrecida por su socio pachamamista, ya sea como plato fuerte o como acompañante. De manera que tienen amplio campo para escoger, y en eso se hallan en este momento.

La primera modalidad, que están barajando en una comisión legislativa donde hay una reñida competencia por el premio a la mediocridad, es el juicio político. A menos que vuelvan a jugar con la plastilina legal, esta opción se cae porque no hay por dónde cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 129 de la Constitución y sería prácticamente imposible que obtuvieran el dictamen de la Corte Constitucional. Para la segunda –la destitución del presidente, de acuerdo con el artículo 130 de la Constitución que es una de las patas de la ‘muerte cruzada’– tendrían que lograr que la amnesia colectiva haga olvidar que ya quemaron ese cartucho cuando la aplicaron en junio de 2022. Necesitarían también la aprobación de la Corte Constitucional y 92 votos que, a esta altura, deben estar muy revaluados en el mercado de las (in)conciencias. La tercera es la revocatoria del mandato, lo que postergaría el desenlace por unos cuantos meses, a menos que se le encargue la recolección de las firmas al equipo de Ay Pame.

Dada la condición del paciente, más que asesinato vendría a ser una eutanasia.

La cuarta es la modalidad más contradictoria, ya que consiste en entregar la dosis del veneno al moribundo para que se la autoadministre. Es la disolución de la Asamblea por el presidente –la otra pata de la muerte cruzada–, que se encuentra con el pequeño problema de acudir también en este caso al mercado de los votos y convencer a los mismos 92 de que deben sacrificar por unos meses sus puestos y los de sus asesores, con los respectivos sueldos y canonjías, con la esperanza de volver en la siguiente elección. La oferta no es atractiva, porque a pesar de sus limitaciones ellos tienen la sagacidad suficiente para intuir que el desprestigio que arrastran les cierre la posibilidad de cualquier reelección.

Les queda como recurso el derrocamiento por la fuerza. Para ello tienen a su disposición al encargado de poner mujeres y niños en la primera fila de las huestes violentas sin necesidad de que ellos se ensucien las manos. Con una dosis de ese ingrediente administrada durante dos o más semanas podrán echar mano de cualquiera de las modalidades. Los requisitos legales y procedimentales pasan a segundo plano cuando habla la violencia. Mientras tanto, sacando enseñanzas de la reciente elección, las decenas o centenas de cabezas de ratón de todos los colores ideológicos soñarán con unas candidaturas que les aseguren unos puestos que, está comprobado, pueden lograrse con menos del 20 % de los votos. ¿Acaso vale algo más una cabeza de ratón? (O)