En 1806 Napoleón impuso el embargo comercial de los productos británicos en Europa, el llamado bloqueo continental. Buscaba asfixiar a su enemigo en una guerra entre potencias. 155 años después, el Congreso estadounidense autorizó al presidente a establecer un embargo total al comercio con Cuba y en 1962 el presidente Kennedy, aclamado en América Latina, aplicó semejante medida a Cuba, que no era una potencia económica, sino una nación que empezaba a respirar. Quería ahogar su revolución por las nacionalizaciones y expropiaciones que el nuevo gobierno había decretado. Entonces, el 73% de las exportaciones cubanas se hacían a EUA y el 70% de las importaciones de la isla provenían de ese país, que se quedó con ella después de ser dominada por España, imponiéndole sus condiciones.

El bloqueo pretendió justificarse por las nacionalizaciones realizadas por Cuba a las empresas estadounidenses, pero en 1964 la Corte Suprema de EUA dictaminó que aquellas eran válidas. Un hecho convenientemente ocultado. Además, si la gran potencia consideraba ilegítimas tales medidas, debía recurrir a la Corte Internacional de Justicia, ante la que ambos países responden y no aplicar la ley del más fuerte. Fue el único país del mundo que no acordó compensaciones con el régimen cubano.

Posteriormente, entre otros castigos, EUA decretó el congelamiento de los activos cubanos en ese país; prohibió las transacciones en dólares a personas naturales o jurídicas estadounidenses o de terceros países con Cuba; prohibió a barcos extranjeros que han atracado en puertos cubanos, entrar en 180 días a territorio estadounidense; prohibió exportar productos agrícolas a la isla que no se cancelen en efectivo y por adelantado; prohibió los vuelos a excepción de La Habana; intimidó a las empresas que suministran combustible a Cuba; prohibió que los cubanos en el exterior abran cuentas bancarias o utilicen ciertas tarjetas de crédito. Disposiciones que están vigentes. Todo en nombre de la democracia, de la libertad, de la seguridad nacional, seriamente amenazada por la pequeña nación.

El bloqueo ha significado la privación a los cubanos a quienes se dice amar, del uso de insumos para combatir el COVID-19, donados o vendidos; de la ayuda para los damnificados del tornado de 2019. Impidió que un canadiense pudiera repatriar de la isla el cadáver de su padre por las restricciones financieras. No permitió que un Banco ecuatoriano procese el pago a médicos cubanos de una universidad.

Todo ello implica una violación al principio de la libre determinación de los pueblos que consagra la Carta de la ONU, que integra la poderosa potencia, que, en 1941, en la Carta del Atlántico proclamó su respeto a dicho principio. Mas, la historia demuestra el desprecio que aquella ha tenido por el Derecho Internacional. La Asamblea General de la ONU, anualmente desde 1992, abrumadoramente ha demandado el fin del bloqueo. Recién lo hicieron 184 Estados de los 193 miembros, sólo dos se opusieron, EUA e Israel, otro Estado que se burla de las resoluciones de la organización.

Y no solo en la ONU hay la condena casi unánime a un bloqueo que quita el agua y el pan a un pueblo, sino de la población mundial y del propio país infractor. Hace falta más que votos. (O)