La corrupción socava las instituciones democráticas, envilece el imperio de la ley, propicia obstáculos burocráticos eliminables con sobornos. Tal descomposición genera inestabilidad política, afecta la economía y a la sociedad toda. Incide en el desarrollo, aleja la inversión extranjera directa y a las pequeñas empresas por los requerimientos de los corruptos. En definitiva, en un Estado donde las organizaciones criminales se han tomado el control de las funciones, hay también vía libre para las actividades del narcotráfico, el secuestro de los centros penitenciarios y el tráfico ilegal de armas.

En Honduras está aconteciendo lo antes señalado, en un nivel preocupante de gravedad, pues las mafias han contaminado los más altos espacios de poder, incluyendo al presidente, según denunció Xiomara Castro de Zelaya, recientemente elegida primera mandataria. Una acusación para un jefe de Estado que tiene un hermano en Estados Unidos cumpliendo prisión perpetua por tráfico de drogas. Por ello se entiende que la presidenta Castro de Zelaya –a pedido de sus electores y en fiel cumplimiento a su promesa de campaña– solicite a la ONU la conformación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (Cicih), para luchar contra la corrupción y la impunidad, similar a la que funcionó exitosamente en Guatemala. Tal iniciativa tendría como preludio los acercamientos de la nueva mandataria con funcionarios de la ONU, y cuenta desde ya con el apoyo de Joe Biden, presidente de Estados Unidos (país que fue el mayor aportante de dinero para el funcionamiento de la Cicig en Guatemala), quien está “cautivado con la propuesta de Xiomara Castro” de instalar una Comisión Anticorrupción en Honduras. Este detalle lo reveló a la agencia Reuters un alto funcionario del Departamento de Estado, quien agregó “que podría abrirle camino a mejorar las relaciones exteriores y mejorar el ambiente de inversión en la nación”.

Honduras tiene un sobreendeudamiento equivalente al 50 % del PIB, que “en parte es ilegítimo y odioso” como lo califican los entendidos, lo cual constituye una situación muy familiar para los ecuatorianos. Así como el saqueo a los fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social, en el que también participaron dirigentes del partido de Gobierno, empresarios y funcionarios públicos.

En el contexto de lo relatado viene muy pertinente el editorial de EL UNIVERSO de ayer, bajo el título ‘Conciencia colectiva contra la corrupción’, en referencia a la necesidad de crear en Ecuador la conciencia anticorrupción, ya que la población cree erróneamente que la corrupción no le afecta y no le atañe combatirla. Pero construir esa conciencia requiere de instrucción y acceso a la experiencia internacional. En esa línea de pensamiento, la Asamblea de Naciones Unidas fijó el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción: un llamado a los Gobiernos, al sector privado, organismos no gubernamentales y medios de comunicación del mundo a unirse en un solo esfuerzo para desalojar las prácticas corruptas. Sin duda, la presidenta Xiomara Castro quiere trascender. Ha escuchado ese llamado y el pedido de sus electores. (O)