En la Economía del sentido común (IEEP, 2006), James Gwartney resume los beneficios de la descentralización: “La competencia entre las unidades descentralizadas del Estado –los gobiernos de los estados y locales– también puede ayudar a proteger a los ciudadanos de la explotación estatal. Un gobierno no puede ser opresivo cuando sus ciudadanos pueden elegir la ‘opción de salida’ –mudarse a otra ubicación que provea un nivel de servicios públicos e impuestos que les parezca más agradable–”.

Gwartney explica que así como la gente tiene distintas preferencias acerca de cuánto gastar en su vivienda o en su auto, también tienen distintas preferencias acerca de los servicios estatales. Algunos prefieren una mayor cantidad de servicios estatales y estarán dispuestos a pagar impuestos más altos por estos. Otros preferirán impuestos más bajos y menos servicios estatales. Algunos preferirán recibir servicios estatales financiados con impuestos, otros una mayor dependencia de cobros a los usuarios de dichos servicios (por ejemplo, los peajes en las vías).

Si un gobierno local impone impuestos altos sin la correspondiente mejora en la calidad de los servicios estatales y encima regula en exceso la actividad económica, algunos individuos y empresas que conforman su base tributaria optarán por la “opción de salida”. Los estadounidenses, por ejemplo, se mueven bastante. Aproximadamente 40 millones de personas al año cambian de estado. Gwartney indica que “entre 2002 y 2013, la población de nueve estados sin un impuesto sobre la renta de las personas creció en promedio 3,7 por ciento como resultado de la inmigración proveniente de otros estados”.

Geoffrey Brennan y el Premio Nobel de Economía James Buchanan sostenían que una mayor descentralización debería implicar menor gasto, dado que el control de los ciudadanos sobre el destino de los recursos del fisco sería más directo y los contribuyentes estarían más conscientes de la mayor carga fiscal implícita en cada nuevo programa de gasto propuesto por un gobierno local.

Santiago Calvo y Francisco Cabrillo en su estudio Federalismo fiscal (2020) sostienen que la clave estaría en cómo se financian los gobiernos regionales o locales: “Una financiación basada en ingresos propios de estas entidades políticas permite al votante ver que existe una relación concreta entre más servicios públicos e impuestos más elevados”. Lo que sucede en España es un clásico problema de free riders: “Si los Gobiernos autonómicos gastan y es el Gobierno central el que recauda, la estrategia de los primeros será la de actuar como free riders, gastando por encima de sus posibilidades y tratando de conseguir, después, una mayor participación en el reparto de los ingresos”. En Argentina, esto se ha llevado a tal extremo que en 2017 la mayoría de las provincias dependían del Gobierno nacional para obtener al menos dos tercios de sus ingresos.

Bienvenida la discusión planteada por Jaime Nebot acerca del federalismo como una solución para resolver conflictos nacionales de manera pacífica, reconociendo la diversidad y fomentando la experimentación a nivel local. Esta realmente es una discusión acerca de la descentralización real de la administración pública, de la capacidad de recaudación y regulación de los gobiernos locales. (O)