El presidente enfrenta una dura oposición en la Asamblea, pero, también, otra, muy grave, la de sus propios colaboradores. Miramos y escuchamos asombrados las declaraciones de ministros y consejeros denigrando y oponiéndose al segundo de la terna que ellos mismos conformaron para la designación de superintendente de Bancos –el que no parece cumplir con las cualidades necesarias–; esto es como escupir al cielo, porque todo lo que dicen va en su propio perjuicio y delata la ligereza con la que manejaron este delicado asunto. Mejor sería que reconozcan su ligereza, se disculpen y humildemente traten de corregir su error. Ahora, por esta falta, hay un nuevo enfrentamiento de poderes entre la Asamblea y el Ejecutivo. Y el Consejo de Participación, tratando de complacer a la nueva mayoría interna, cambia de rumbo diariamente. La ciudadanía está consciente de lo que ocurre; y no digamos la burocracia que siempre sabe más que todos los políticos juntos. Mientras tanto, asistimos a este espectáculo de ver a la Policía Nacional –que mejor estaría controlando los atentados en Guayaquil– rodeando el edificio de la Superintendencia de Bancos para impedir el ingreso del repudiado. Este renovado conflicto con la Asamblea tendrá incidencia en el veto a la Ley de Comunicación ofrecido por el presidente, veto que debería ser simultáneamente, por inconstitucionalidad y por inconveniencia. Ahora que se han dado nuevos espantosos actos de criminalidad en Guayaquil, apreciamos lo dañino de la insistencia de la Asamblea sobre el veto del Ejecutivo en la Ley de uso de la fuerza, tan necesaria.

Otro autogolpe se da en la Dirección de Aduanas, donde su directora dice que no hay nada de malo en reunirse con un profesional amigo de ella y un embajador extranjero. El profesional referido, se dice, es muy cercano al secretario jurídico de la Presidencia. Y el país no recibe una explicación apropiada. Todo esto en medio de la investigación de Fiscalía sobre venta de cargos y tráfico de influencias, y de llamados a funcionarios a la Asamblea para pedir explicaciones sobre estos temas.

El ministro de Gobierno vuelve a mencionar que ya tiene una decena de preguntas para ser consultadas a la ciudadanía. Dice que consultará al presidente; una consulta popular, si llegan a hacerla, tiene que ser de fondo; una parcial, más bien puede confundir las cosas; unas preguntas podrían ser aprobadas y otras no. Repetidas veces hemos dicho que sería más simple y efectivo que el pueblo derogue la Constitución de Montecristi y quede en vigencia la anterior, la de 1998, como propone el doctor Simón Espinosa. Adicionalmente, se puede consultar sobre la creación de dos cámaras, de senadores y diputados, con lo cual habría más ecuanimidad, más responsabilidad; también, que la elección de legisladores tenga lugar en segunda vuelta para que no exista la presente realidad en la que el ganador de la segunda vuelta cuenta con solamente doce legisladores, con lo cual se hace casi imposible gobernar con eficacia. Las cosas no pueden seguir como están porque nos conducen al abismo. ¡Una consulta para derogar la Constitución de Montecristi causante de todos estos enredos! (O)