Da la impresión de que tanto el Ejecutivo como la Asamblea se encuentran midiendo fuerzas, explorando la arena en que muy probablemente se enfrentarán para definir posiciones. El que el presidente de la República haya manifestado que en nueve de cada diez casos puede actuar sin necesidad de contar con la Asamblea, puede tomarse como que no se prevén acuerdos cercanos y que tendrá que avanzar a su propio riesgo. Pero existen campos de acción programática que fueron anunciados en la etapa electoral que necesitan de medidas legislativas, como el relacionado con lo laboral, tributario, el de concesiones mineras, petrolíferas, que puedan enfrentar obstáculos legales y aun constitucionales. Será muy difícil alcanzar acuerdos fiables con una Asamblea tan fraccionada que se encuentra en una lucha interna, en una suerte de ajuste de cuentas; el enjuiciamiento al excontralor ha puesto bajo sospecha a varios legisladores por sus anteriores actuaciones en organismos seccionales en las que habrían sido glosados y obtenido que estas se desvanezcan. ¿Pueden tales legisladores juzgarse a sí mismos, votar en el eventual juzgamiento al exfuncionario? ¿Reorganizarán la Comisión de Fiscalización que ha incomodado a muchos? El correr del tiempo, sin alcanzar acuerdos, a quien más puede perjudicar es al Ejecutivo, porque se le puede pasar el tiempo de la luna de miel con la ciudadanía que siempre se la concede al Gobierno que empieza y que, actualmente, esa buena voluntad se encuentra intensificada por el éxito de la campana de vacunación. Esto es particularmente importante para adoptar decisiones trascendentales, como el de la anunciada consulta popular que solamente puede tener éxito cuando el Gobierno cuente con un alto nivel de popularidad. Si tal consulta popular no es convocada en el presente año, el resultado será muy incierto. Actualmente, el Gobierno puede recurrir al electorado con grandes posibilidades aun si se trata de asuntos tan delicados como el de la muerte cruzada o la sustitución de la Constitución de Montecristi por la del 98. Una consulta limitada a solamente la eliminación del Consejo de Participación no valdría la pena, sería tan poco efectiva como la anterior, que no dejó ninguna huella de importancia; recuérdese que le mantuvo a Celi, que les engañó a todos, hablando de un Tribunal de Cuentas. Quedarían intactas disposiciones constitucionales tan nefastas como los recursos de protección a los que han recurrido con éxito funcionarios tan negativos como los que hasta ahora son nuestra pesadilla.

El que los dos bloques mayoritarios hayan condenado la suscripción del Tratado para el retorno al sistema del Ciadi, e impugnado su constitucionalidad, demuestra lo frágiles que son los acuerdos con los bloques legislativos, porque uno de ellos fue electo a la Presidencia de la Asamblea con el apoyo del actual Gobierno. No solo que el rechazo al Ciadi fue mayoritario, sino que el apoyo fue pobre, por las muchas abstenciones. Y esto en una materia de las consideradas vitales para el Gobierno que buscan atraer inversiones extranjeras. Cierto que el pronunciamiento de la Corte Constitucional restaba importancia legal a la votación en la Asamblea, pero fue un hecho negativo. (O)