La ley ha creado la existencia de jueces multicompetentes que se arrogan una extraña facultad: la de derogar sentencias de tribunales superiores y conceder libertades a personas que han sido privadas de libertad por la comisión de delitos contra la administración pública.

Un juez multicompetente es una aberración sin nombre. Se entiende que los jueces son sabios expertos en derecho, que deben ser honrados, pero el derecho es tan amplio y variado que una persona humana, en una vida, no alcanza a conocer bien ni siquiera una de las múltiples ramas del derecho: el civil, el penal, el mercantil, el administrativo; el de la navegación aérea, marítima y terrestre, todas las del derecho constitucional y los procesales. Si alguien me dijera que es experto en dos o tres de tantas frondosas ramas, le diría que miente.

Uno de esos jueces de la pequeña parroquia Manglaralto ha dictado una sentencia concediendo un habeas corpus, que tiene escandalizado al país porque ha desnaturalizado la garantía. La frase latina significa “presenta el cuerpo” y se creó para evitar abusos de las autoridades que ocultaban a los acusados. En los últimos años, los jueces multicompetentes son perfectos metomentodo. Se han pronunciado contra la Asamblea, derogado condenas penales, ignorando la división de los poderes y las jerarquías necesarias para el ordenado convivir.

De otro lado, la rápida ejecución de la espuria sentencia señala complicidades que son de no creer. Todo parece envuelto en un manto apestoso de transacciones infames. Se percibe indignación y desconfianza en los principales actores de la política nacional. Ni los militares se escapan: que un estafador se ubique con sus dineros y negocios en los patios del Ministerio de Defensa es altamente repudiable y provoca náusea.

¿Se puede confiar en la Asamblea, con tantas y ridículas peleas que se muestran desvergonzadamente en su interior? Porque es el órgano legislativo el que tendría que reducir las atribuciones de los jueces multicompetentes, para que la jurisdicción de las garantías constitucionales se entregue a jueces constitucionales cuya única función debería ser velar que se respeten los derechos ciudadanos que constan en la Constitución y los tratados internacionales a los que Ecuador se ha adherido. Los jueces constitucionales deberán ser abogados especializados en Derecho Constitucional y las leyes que lo aplican a los casos pertinentes.

Hay que atacar al monstruo en su madriguera. Matarlo como Perseo a la Medusa: en el lugar donde se dictan las leyes. Tal vez haya legisladores patriotas que sientan el dolor y la indignación de la gente y se entreguen a la tarea impostergable de legislar con sabiduría y no permitir que los expertos en triquiñuelas abusen de las garantías que nos protegen. Para eso es necesario que cesen las peleas internas que los hacen aparecer como muchachos malcriados y necios, que juegan con armas letales.

Queremos ver a los militares poner orden en sus dependencias. Es de necios tratar de ocultar a los culpables. Las Fuerzas Armadas son una de las instituciones que merecen confianza del pueblo. Deben recuperarla. Saben cómo. (O)