Cuenta la leyenda que en un país fértil y soleado llegaron las nuevas autoridades de salud listas y dispuestas a cambiar el mundo. O al menos el país. Desde ese día, todo funcionario empezó a dar respuesta inmediata a problemas pequeños y grandes. La vigilancia de casos infecciosos se volvió oportuna, para informar su tratamiento a la vez que controlar brotes; es decir, se desarrolló la capacidad diagnóstica para confirmar inmediatamente al médico de qué sufre un paciente y tomar acciones de salud pública.

En ese país, no faltaron respiradores mecánicos durante la pandemia de COVID-19 ni al único emprendedor que logró fabricar uno localmente –sobreponiéndose a todas las trabas que le interpuso la burocracia– le impidieron venderlo para salvar vidas. Era, pues, un lugar más feliz, menos indolente que Ecuador. Allá, en ese país de lujo, los directores del Ministerio de Salud trabajaban en su ámbito en lugar de dedicarse a hacer investigaciones con protocolos de dudosa calidad que debían haber sido diseñadas y conducidas por científicos.

Aquí, en cambio, se juegan algunas cartas importantes en materia de salud aparte de la falta de medicamentos o el reparto de hospitales. El gobierno firmó un acuerdo de cooperación con Sinovac para la producción de vacunas, mediante el cual se espera la realización de ensayos clínicos, la transferencia de tecnología y la creación de capacidades. Parece un espejismo como cuando Guillaume Long anunció la fabricación de vacunas con el apoyo de Rusia en Yachay, y esperamos que no lo sea. Pero el panorama no pinta bien. Si tanto afán hay por impulsar el conocimiento, ¿por qué no con socios más cercanos como Brasil, donde se han educado varios científicos ecuatorianos?, y ¿por qué no con una vacuna sin patente como Corbevax para rebajar los costos?

En paralelo, la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Salud ha dilatado innecesariamente por meses una decisión que nos afecta a todos los ecuatorianos y que involucra los mismos beneficios que ofrece Sinovac pero en el aquí y en el ahora, y sin la persecución de fines de lucro. Se trata de apoyar de manera decidida para que continúen las actividades de colaboración científica del sistema de salud con un centro de investigación que lleva años haciendo vigilancia oportuna de enfermedades infecciosas en El Oro, donde el hospital más importante no siempre tiene los reactivos para procesar muestras para dengue, que es endémico en esa provincia.

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Este centro ha producido más de 45 publicaciones con coautores que trabajan en el sistema público, apoyado con equipos a instituciones públicas, capacitado a personal de salud, y profesores y estudiantes de Medicina, y mantenido acuerdos de trabajo con universidades locales.

Dudo que el gobierno busque convertir a este centro en leyenda, como parte de ese país mítico que nunca podremos alcanzar. Solo debe faltar claridad sobre los beneficios de un centro de esta magnitud que no se contabilizan al igual que las bolsas de harina y camisetas con las que se gana una elección. Se trata, nada más, de corregir las inequidades que afectan a provincias con menos recursos científicos. (O)