Con el llamado a juicio político a autoridades del Consejo de la Judicatura, presentado por una mayoría de 87 miembros de la Asamblea, que busca controlar la Función Judicial, cambiando, nombrando nuevos jueces, se vuelve a colocar al Gobierno a la defensiva, como en otras ocasiones.

El Gobierno luce resignado a que así sea, y casi, casi, se limita a ejercer su derecho al veto, lo que no siempre le resulta. El propuesto diálogo del presidente de la Asamblea Nacional no dará frutos porque él mismo no es libre de tomar decisiones, se debe a la nueva mayoría que lo ascendió a presidente. El ministro de Gobierno nada ha podido avanzar en el acuerdo; solo se lo ve en los diálogos con la Conaie que parece no avanzan mucho. El ministro no parece tener mucho poder; así lucen, también, los otros ministros porque las decisiones importantes se diría las toma el presidente con su grupo de asesores, y, luego, los ministros las ejecutan; esto se ha hecho evidente por los ya muchos escándalos de nombramientos en las aduanas; en el asunto de la terna para superintendente de Bancos, en la supuesta injerencia en el CNE (Consejo Nacional Electoral), mediante un instructivo, donde una de las consejeras desafía a todos a someterse al polígrafo para establecer la verdad. Desde el inicio de mi carrera política, comprendí que la burocracia central –como las de todas las capitales del mundo– está siempre más enterada de las cosas públicas que todos los políticos juntos. Ella se da cuenta de todo lo que pasa por sus manos y, también, de lo que no pasa, porque se lo esconden o tratan de esconderle. Todo esto trasciende a la prensa y tendrá efectos negativos en la consulta popular que el Gobierno anuncia convocará en la semana próxima. Si las preguntas son coyunturales, intrascendentes, serán rechazadas; peor si la consulta se efectúa al tiempo de las elecciones seccionales; cada candidato, como parte de su estrategia, dirá pestes de la consulta; y como la mayoría de los candidatos son de oposición, pues pedirán oponerse a la consulta gubernamental. Ergo, la consulta debe realizarse sobre materias trascendentales, como la bicameralidad, las elecciones de legisladores con la segunda vuelta presidencial, la existencia o no del Consejo de Participación. Hasta aquí, todos los intentos de reforma constitucional han fracasado, con excepción de la miniconsulta en la que el pueblo autorizó un Consejo de Participación Transitorio y en la que determinó que sus miembros futuros sean de elección popular, no seleccionados por el CNE, como antes.

Soy de los que apoyan la propuesta de Simón Espinosa de mediante plebiscito derogar la Constitución de Montecristi y que quede vigente la anterior, la de 1998, actualizada con las nuevas legislaciones en materia de derechos humanos, laborales, de familia, de igualdad entre hombre y mujer. El país está consciente de que mucho de la anarquía que vivimos se debe a las “novedades” que introdujeron en Montecristi los del grupo izquierdista español Podemos. A ellos debemos los abusos de los recursos de habeas corpus. Un fracaso del Gobierno en la consulta mucho le debilitaría. (O)