Los artículos 3 y 66 de la Constitución dicen que es deber del Estado erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable, garantizar la paz, seguridad integral; son propuestas universales. La gente está de acuerdo, quiere bienestar y lo exige, tiene familia. Al no encontrar estas ofertas, muchos de ellos, a lo primero que recurren es a lo que está más a la mano: la usura, tomar dinero prestado y no pagarlo, se ilusionan con las piramidaciones, el cuenterismo; también aparece un factor que da más dinero como la droga y se recurre a toda maniobra ilícita para buscar el bienestar ofrecido. Se constituye así un gremio identificado por la Policía, los gobiernos y la sociedad.

Este gremio y su comportamiento crea odios, venganzas y termina en sicariato. No me digan defensor de pobres, mejor sería buscar soluciones que sí hay, ya que lo contrario sería vivir condenados a la inseguridad. El inciso segundo del numeral 8 del artículo 11 de la Constitución permite crear una legislación emergente para mejorar la condición laboral del país; hay que sacar del Código las disposiciones antiobreras como la jubilación patronal, las sanciones económicas por despido, etc.; eso ahuyenta el trabajo. Las inversiones que busca el Gobierno son pertinentes, pero a mediano o largo plazo. La corrupción en el IESS empieza con la compra de medicamentos y la carencia de doctos administradores. Los laboratorios nacionales tienen propuestas, pero no se las escucha. Donde no hay control hay descontrol. Pagamos para tener una Contraloría ¿y qué pasa?, debería estar asesorada por auditores. La prensa informa que los víveres están subiendo de precios, muchísimos vienen de la Sierra, por tanto hay que crear incentivos a la producción y distribución, uno es el sistema ferroviario. Que el productor reciba el justo precio, así la tierra dará más. También necesitamos una reforma constitucional para que el voto no sea obligatorio; y una planificación familiar como en países del primer mundo, las parejas cristianas planifiquen tener familias que pueden mantener; aquí se dice que hay 6.000 niños esperando que los adopten. Y no sigo sugiriendo más. (O)

Rafael Antonio Mendoza Avilés, abogado, Guayaquil