A causa de todos los últimos hechos políticos, tanto en la Asamblea Nacional como en la Función Judicial, a los ciudadanos solamente nos queda esperar justicia y misericordia de un ser superior. Ecuador sufre de total ausencia de seguridad jurídica, la justicia y el honor se perdieron en algún lugar de estos casi 192 años de vida constitucional, y me pregunto, ¿dónde se quedó la seguridad jurídica que debe proteger a los ciudadanos de bien y castigar como se debe a los ciudadanos que transgreden las leyes?

Para entender lo que se debe inferir por seguridad jurídica, elijo una definición sencilla de varios autores que coinciden: “... seguridad, palabra latina, se deriva del adjetivo secura, significa estar seguros de algo y libres de cuidados. El Estado, como máximo exponente del poder público y primer regulador de las relaciones en sociedad,

debe establecer las disposiciones legales a seguir..., tiene la obligación de crear un ambiente pleno de seguridad jurídica al ejercer el poder político, jurídico y legislativo”. Con estas expresiones es fácil deducir que quien tiene el deber de velar por la seguridad jurídica es el jefe del Estado, pero al parecer el Gobierno no ha entendido que la seguridad jurídica es determinante para el crecimiento económico sostenible y sustentable de cualquier nación, y un componente concluyente al momento de medir el indicador económico riesgo país. Las actividades financieras, empresariales, industriales cuya legítima característica es la consecución de un rendimiento económico adecuado y con sostenibilidad a largo plazo, de ninguna manera es compatible con la incertidumbre que producen las estructuras legales confusas, por ende, la confianza de invertir se rompe, pues el desarrollo económico de un país depende de un sistema jurídico ético y transparente. (O)

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Amelia Janeth Baldeón Toledo, ingeniera, máster en Administración de Empresas, avenida Samborondón