Dada la gravedad de la situación minera en Zaruma, la Presidencia de la República declaró el estado de excepción, lo que permitió adoptar medidas de remediación y otras de carácter coyuntural, las cuales no han apuntado a una solución integral de los problemas ocasionados por la minería, que destruyeron el subsuelo, contaminaron el agua, suelo, aire y afectaron la producción y la vida.

Adicionalmente no se ha suspendido ninguna actividad minera ni se ha ejecutado ninguna sanción como manda la ley y el decreto de emergencia. Más bien, prosiguen las perforaciones debajo de la ciudad. La Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables y el Ministerio del Ambiente, Agua y transición Ecológica dan cuenta de sus desconocimientos de la situación y de su inacción. Es urgente una auditoría ambiental a las concesiones y análisis de su legalidad. Se debe aplicar el resultado de la consulta popular del año 2018 que prohibió toda actividad minera en los centros urbanos y se diseñe un modelo de desarrollo que considere una minería responsable y cambios profundos en la matriz productiva. (O)

Carlos Humberto Carrión González, economista zarumeño, Quito