El pronunciamiento categórico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el ‘Caso Palacio Urrutia y otros vs. Ecuador’, ratifica su decisión de velar por la defensa de la libertad de expresión que involucra los derechos humanos en general, y de los periodistas en particular, en todos los países signatarios.

He vuelto a releer el artículo de opinión ‘No a las mentiras’, escrito frontal por el colega Emilio Palacio, el 6 de febrero de 2011 en Diario EL UNIVERSO, es cuestionador, pero sin caer en el agravio. La reacción furibunda del expresidente Rafael Correa Delgado, después de la revuelta gestada por fuerzas policiales en ciudades del país, tuvo como corolario la pérdida de vidas, incluyendo agentes policiales que participaron en el rescate del mandatario, refugiado en el hospital de la Policía en Quito.

‘El caso Palacio Urrutia y otros vs. Ecuador’, que ha sido investigado documentadamente por los miembros de la CIDH, es contrario a la decisión de los jueces ecuatorianos que ante la postura oficial del demandante, se pronunciaron por una indemnización de $ 40 millones y prisión carcelaria de 3 años al columnista Palacio y a los directivos de EL UNIVERSO. El expresidente, ante el rechazo de entidades periodísticas a nivel mundial, desechó la demanda tratando de aparecer como conciliador, cuando el daño moral se había concretado. Debió el columnista Palacio pedir asilo político con su familia en Estados Unidos, por lo que siempre creyó, en un periodismo libre sin cadenas, confrontando al poder político de nuestro país, sin temor ni favor. La defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos es lo que deben defender ciertos dirigentes de gremios periodísticos, sin perennizarse en directorios, congraciarse con mandatarios o funcionarios públicos quienes están en obligación de procurar paz, seguridad, trabajo y manejo incorruptible de los dineros del Estado. (O)

José Francisco Medina Manrique, licenciado en Comunicación, Guayaquil