“Fortalecer la reactivación del turismo” es la frase con la que el Ministerio de Turismo promueve sus iniciativas. ¿Qué tan eficaces son estas cuando se ha dejado de lado la regulación del sector turístico, uno de los objetivos más importantes para los cuales este Ministerio fue creado?

Hoy las personas contratan servicios de alojamiento digitalmente, lo que hace que el control de los servicios sea más difícil; esto traerá problemas al Gobierno central y a las comunidades receptoras de visitantes. Lugares icónicos como Tailandia, islas Canarias y Barcelona se vienen a la mente cuando se habla de los efectos nocivos que puede causar esta actividad: gentrificación y encarecimiento del nivel de vida; creación de burbujas inmobiliarias; oferta desordenada de alojamiento en zonas residenciales; falta de recolección de impuestos de parte de municipios y Gobierno central. Estos efectos negativos no aplican solo a las grandes ciudades, ya que en las comunidades rurales el mayor porcentaje de alojamientos turísticos formales son pymes locales que aportan al desarrollo de su territorio con consumo local y generación de empleo. Al contrario, la mayor parte de alquileres de habitaciones de casas tienen como propietarios a personas de la ciudad que alquilan sus propiedades por medios digitales sin incluir servicio extra o valor agregado, lo cual repercute en falta de consumo y generación de empleo local. Los turistas llegan con sus insumos desde la urbe, encerrándose en la propiedad alquilada sin tener contacto con la comunidad visitada; no se genera consumo, impuestos y el gasto de hospedaje regresa a la ciudad a manos del dueño del inmueble. En esa desigualdad de competir, establecimientos de alojamiento formales retiran sus letreros de “Hotel” y usan el vacío legal para unirse a la corriente de establecimientos informales. (O)

Jamie Betancourt, ingeniera en Gestión Turística, Guayaquil