Etimológicamente la definición de política en el Diccionario de Ciencias Sociales, una de las tantas incluyendo la gobernanza, indica: “Es la acción política propiamente dicha”. Y en cuanto a político, puede servir para adjetivar un elemento relacionado con ella, poder político, accionar político, etc. Por su parte el DRAE (Diccionario de la lengua española) la denomina como el arte de gobernar a los pueblos y la adjetivación antes citada, como algo relativo a la política. Negocio, definido como: “Ganancia o beneficio conseguido en una actividad comercial o de otro tipo”, en la cual podría encasillarse el negociado, definido en su tercera acepción por el DRAE: “Negocio ilícito que toma carácter público”.

Una pléyade de investigadores dedicados a afianzar lo que es la política no solo como arte sino por conllevar inmersa la gobernanza de la sociedad, han sido expuestos en obras escritas y en la evolución histórica de más de 23 siglos, destacándose Solón, primer republicano y demócrata. Sin embargo, hoy existe, desgraciada y diametralmente, la unión de estos términos opuestos ética y moralmente. Las circunstancias que vivimos nos demuestran el ejercicio pleno de tal anomalía, olvidándose de los integrantes humanos. Me pregunto: ¿Existe tanta capacidad egoísta en el gobernante para hacer y permitir la destrucción del destino de un pueblo que, temporalmente, le confía su destino?, circunstancias que nos direccionan a pensar en sus orígenes para, posiblemente, hallar soluciones ante un mal endémico no resuelto ni por los más preclaros estudiosos; citando ejemplos contemporáneos a Immanuel Kant y las más insignes mentes que trataron y tratan al “arte de gobernar, o política”.

Unir política con negocio (negociado) es criminal, alejado del respeto hacia el pueblo, amparándose en la entelequia jurídica del Estado; este gobernado por el gobierno de turno compuesto por sus adictos, administran el dinero obtenido por aquel a través de los impuestos pagados por todos los habitantes. El dinero recaudado y los bienes son públicos, no privados, no del gobierno. Don José Joaquín de Olmedo lo definió: “El poder público no es una propiedad que se adquiere, no es un fuero, no es un premio que la nación concede, es una carga honrosa y grave, es una confianza grande y terrible que lleva consigo grandes y terribles obligaciones”. ¿Entenderán eso nuestros ‘políticos’? (O)

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Regina Zambrano Reina, doctora en Jurisprudencia, Guayaquil