Soy presidente de una cooperativa de taxis de la cual un socio con alta morosidad logró registrar, ante la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM), su salida de nuestra cooperativa sin pagar la deuda que mantiene y su ingreso a otra cooperativa; pero resulta que para hacer esa gestión requería que nosotros le entregáramos la certificación de su baja ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), entidad de control de las cooperativas, y cuál fue mi sorpresa que al ver circulando el taxi del referido socio con el logo de otra cooperativa solicité a la ATM me indicaran que cómo era posible que el taxi de un socio registrado en el permiso de operación de la cooperativa que represento circule con el logo de otra cooperativa. El gerente de la ATM dispuso que se investigue el caso y se comprobó que el socio, en complicidad con los directivos de la otra cooperativa, había realizado los trámites con un documento falsificado de la baja de nuestra cooperativa ante la SEPS. Ante esta situación el gerente de la ATM nos citó el 29 de abril de 2022 a una reunión al socio, a los directivos de la otra cooperativa en la que actualmente tiene el vehículo y a mí, una vez concluida la reunión se resolvió que ese vehículo debía ser deshabilitado de la nueva cooperativa y el socio debía solucionar su deuda con mi cooperativa para que lo pueda regularizar.

Mas, resulta que después de varios oficios e ir varias veces a la ATM en vista de que no se cumplía la disposición del gerente y de que han transcurrido más de nueve meses desde que denuncié el caso, finalmente una funcionaria me supo indicar que la ATM no tiene nada que ver en la situación denunciada, así que vea cómo lo solucionaba.

Es inaudito que una autoridad tenga constancia de que se ha cometido un delito en un trámite de la entidad que gerencia y se haga de la vista gorda, permitiendo un acto de corrupción. Por eso estamos como estamos. (O)

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Luis Antonio Jiménez Reyes, Guayaquil