El mundo apuesta a la vacuna contra el COVID-19 (esperando ganarle al surgimiento de cepas resistentes) con desigualdades en su aplicación entre países pobres y ricos, con prioridades internas que estimulan la demanda, competencia y generan corrupción en quienes burlan los controles y se saltan las colas.

Ecuador no se queda atrás y el Gobierno anunció su cronograma dando prioridad al personal del primer frente de defensa y más vulnerables incluidos en las fases cero y uno, deja al final a los mayores de 18 años sin factor de riesgo. El Municipio de Guayaquil con la empresa privada solicitaron al Gobierno la competencia para acelerar la vacunación. No les permitieron. La acción municipal bien podría ser complementaria y dirigida a vacunar ya a la población de la fase dos de 18 años en adelante que es económicamente activa, tiene menos riesgo pero es más propensa a esparcir contagio. Así se daría prioridad a los héroes anónimos de la pandemia que son los trabajadores y empresarios productores de servicios y bienes básicos que mantienen la economía, mientras que ciertos servidores públicos están seguros en sus casas recibiendo puntualmente sueldos. Hablamos del comercio formal e informal, mercados, centros comerciales, tiendas de barrio, ambulantes, transportistas públicos, centros de atención al público, centros educacionales, etc. Segundo, pactar la compra de vacunas ajenas al plan del Gobierno, las más recomendadas que se están aplicando con seguridad en otros países sin la venia de la OMS, que por intereses políticos y económicos no dan el aval. El Municipio de Guayaquil pese al boicot centralista logró contener localmente los contagios, pero no erradicar porque no hubo acción nacional y de sostén externo. Basta al freno de la burocracia nacional e internacional a las acciones contra COVID-19. (O)

Jorge Benigno Falcones Alcívar, médico, Guayaquil