Pacto moral o social. Antes de mencionar dicho concepto diferenciemos entre ética y moral: la primera, es teoría filosófica, estudia acciones del bien y el mal; la segunda, moral, estudia la exteriorización del comportamiento humano, producto final acorde no solo con el nivel de desarrollo alcanzado en lo intelectual, religioso..., incidiendo en la personalidad y el comportamiento individual o comunitario, recordando lo que dijo Montesquieu: “La naturaleza hace al ser humano”.

En las relaciones personales, institucionales, nacionales, se establecen diferentes clases de pactos (Locke) ejemplo electorales, legales, económicos, religiosos, políticos y más, precisamente, para lograr resultados favorables en beneficio de las partes; sí, favorables, entendiéndose que nadie es perjudicado aunque no se consigan las aspiraciones que se pensaran, sabiendo que un pacto moral o social solemne debe cumplirse conforme las condiciones establecidas, siendo su final alcanzar la convivencia social y pacífica. Breves conceptos tendentes a facilitarnos comprensión de los mismos sin dejar de discurrir entelequias históricas de los dos enunciados: moral o social. Aristóteles consideraba a las normas morales las que se comparten dentro y para la comunidad, como fundamento político de la polis. Hoy se considera pacto social, método de decisión, especialmente cuando surgen discrepancias morales o pretensiones materiales políticas, económicas..., de manera preferencial con la práctica de la justicia; eje principal para alcanzar paz, confianza, seguridad, progreso que tanto necesita la sociedad. ¿Nuestros funcionarios públicos sean legisladores, jueces, ministros y más, son ejecutores–acreedores de estos principios básicos y elementales, al ser ‘elegidos’ para representarnos?, ¿olvidaron lo expresado por el prócer José Joaquín de Olmedo?: “El poder público no es una propiedad que se adquiere, no es un fuero, no es un premio que la nación concede, es una carga honrosa y grave, es una confianza grande y terrible, que lleva consigo grandes y terribles obligaciones. El ciudadano investido del poder no tiene más derechos ni mayores prerrogativas que las de tener mayores facultades para hacer el bien, y de ser el primero en marchar por la estrecha senda de las leyes…”. O, ¿generan desconfianza, intranquilidad, retraso…, como demostración mental e intelectual? (O)

Regina Zambrano Reina, doctora en Jurisprudencia, Guayaquil