La paralización se viene desarrollando más en las regiones interandina, amazónica, y en menor grado en la Costa, con la supuesta protesta ‘pacífica’ del sector indígena porque está sufriendo por el aumento de los precios de los abonos, insumos, usados en la agricultura, avicultura, ganadería; los altos intereses que la banca pública y privada cobran por los créditos; el incremento del precio de los combustibles; y por la inseguridad en Ecuador.

La manifestación se desarrolla con daños a las propiedades públicas y privadas, vejámenes a la ciudadanía, extorsión por cobro de dinero para dejar circular el tránsito, fogatas y quema de llantas en las calles y carreteras; obstaculizar el tránsito de pasajeros y de camiones con productos, originando malestar dado que no pueden llegar a los lugares donde quieren dirigirse. Además, los manifestantes al encontrarse con personas que no coinciden con los actos vandálicos, las agreden verbal y físicamente; a la Policía y las Fuerzas Armadas les tiran directo al cuerpo, piedras, petardos, bombas molotov, cohetes artesanales. Han coartado el acceso a los servicios de salud y educación. Los hospitales se han visto impedidos de tener abastecimiento de insumos, medicamentos, oxígeno medicinal, alimentos, gas licuado de petróleo para uso en las cocinas en los hospitales. Los estudiantes que recién se reintegran a los estudios presenciales porque estuvieron dos años en clases virtuales con retraso en la enseñanza, se ven privados de acudir a las unidades educativas. Solicitamos paz, pero el Gobierno, la Fiscalía General, no deben dejar impune los actos vandálicos en la protesta. No indultos a los agresores. Tomen en cuenta los daños a la salud pública y psicológica que están ocasionado las turbas. (O)

Sabel Roberto Fabara Eugenio, Guayaquil