No comparto la violencia de las protestas indígenas, pero debo reconocer que uno de sus lemas “no mentir, no robar, no ser ocioso” debería ser norma de conducta para todos los ecuatorianos. Falta “no ser vandálico”, porque no es bueno que destruyan bienes públicos y privados, ante el rechazo de los que pensamos y actuamos diferente.

Quizás la culpa la tuvo el Gobierno por la forma desastrosa como manejó el tema de los octanos y los subsidios a las gasolinas. Así, en septiembre de 2021 cambió las normas del INEN para crear nuevos tipos de gasolinas; al mes siguiente congeló sus precios después de incrementarlos en 46 %; luego hizo un enredo para promover las nuevas gasolinas que siguen en ‘veremos’; recién quiso subir otra vez los precios, pero los tuvo que bajar por la presión indígena; ahora quiere focalizar los subsidios, pero no sabe cómo hacerlo. Según la Proforma Presupuestaria del Gobierno, en este año deberá pagar $ 5.123 millones en subsidios. De estos, solo $ 1.328 millones corresponden a combustibles, que se desglosan en $ 53 millones, gasolina para pesca artesanal; $ 406 millones, diésel; $ 27 millones fueloil, $ 17 millones, residuos; $ 769 millones, gas licuado de petróleo; y $ 56 millones, en otros. No aparecen las gasolinas automotrices y, en consecuencia, no tienen subsidios. Sin embargo, se han mal acostumbrado a calcular los subsidios con base en la demanda interna a precios internacionales, lo cual no es correcto. Deben determinarse a partir de los costos reales de producción de Petroecuador, que incluyen la producción, transporte, refinación y comercialización de nuestro petróleo, más los costos de las naftas importadas. Todo esto versus los ingresos por la venta interna de combustible y la exportación de derivados. Esta información es pública. “No mentir…”. (O)

Carlos Luis Hernández Bravo, ingeniero civil, avenida Samborondón