Posiciones extremas y peligrosas se evidencian en el activismo violento. Es fácil demostrar la nueva intentona de golpe de Estado.

Por un lado, cierto grupo desde la Asamblea opera con renegados y sumisos que solicitan un supuesto juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso. Por el otro lado, cierto grupo indígena, desea demostrar su poder destructivo como en el 2019 y 2022. Me pregunto, ¿desde cuándo en el Ecuador un grupo social que representa un bajo porcentaje de la población, 7 %, puede exigir que renuncie el presidente o sacarlo del cargo?; cierto ‘líder’ confunde lo que es vandalismo y terrorismo, que son sinónimos de ‘protesta pacífica’, cuando resultan peligrosas para el funcionamiento social y democrático estas acciones violentas que afectan a muchas áreas frágiles de la economía popular, y sobre las personas que dependen de muchas actividades como la venta de productos para consumo en la vida diaria, de servicios y de emprendimientos que se ven disminuidos sus ingresos. No obstante, el constatar que esos dirigentes medran del poder político y solo buscan su beneficio personal, esos grupos de ciertos indígenas y otros, deberían resolver los problemas sociales, no acrecentarlos como parece ser en el caso actual. El presunto incumplimiento del Gobierno de los acuerdos que pactaron es un mero pretexto, además la clave del complot desestabilizador es el informe parlamentario que seguramente vincule al círculo cercado al presidente Lasso.

Vivimos en un país donde se subestima el concepto de democracia. Mantengamos el orden y la paz por el bien de la patria. Esperamos que esta pesca a río revuelto –juicio político, paros– no altere el sistema de valores y no nos condene a padecer una crónica inestabilidad politiquera. (O)

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Robespierre Rivas Ronquillo, licenciado en Periodismo, Guayaquil