La libertad de cierta persona, según la opinión de varios juristas, es legal; sin embargo, opino, es injusta. Resulta que ser corrupto es la mejor profesión, basta con pasar cuatro o cinco años preso, para salir a disfrutar de las riquezas mal habidas.

Un empleado se jubila después de trabajar más de 30 años y recibe una pensión con la misma que sobrevive con mucha austeridad, eso si no tiene enfermedades que le comen el poco dinero que recibe de la jubilación.

Lo más preocupante es que ningún organismo con iniciativa legislativa propone cambios a esas normas nocivas. En este entorno, el Poder Ejecutivo creó una Comisión Nacional Anticorrupción para emitir políticas públicas de lucha contra la corrupción, sin atacar de frente la no recuperación de los recursos saqueados al pueblo ecuatoriano. Para emitir políticas no se requiere de una ‘Comisión’. Los ecuatorianos queremos hechos, no más promesas. Las comisiones que han funcionado con el apoyo de la ONU y de la OEA (por ejemplo en Guatemala y en Honduras) no sustituyeron a los organismos constitucionalmente creados para controlar, investigar y administrar justicia, simplemente asesoraron a las fiscalías sin ninguna interferencia; no es verdad que afectan a la soberanía nacional. Pido que revisen las leyes penales vigentes y que en lugar de la Comisión, se contrate o se reciba el apoyo internacional para asesorar a la Fiscalía General de la Nación en las investigaciones de los diferentes complejos delitos contra nuestros recursos públicos. (O)

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Mario Gustavo Andrade Trujillo, Quito