El gobierno de la ‘revolución ciudadana’ audazmente intervino de manera directa en las estructuras de la Policía nacional, desestabilizando y reformando la organización administrativa, jurídica y de honor de 79 años de profesionalización, desvaneciendo maquiavélicamente los servicios de inteligencia y contrainteligencia que estaban encargados de la prevención y represión de la delincuencia organizada y del narcotráfico.

La autoestima de los miembros policiales fue lesionada gravemente con dos actos de felonía: el primero, en enero de 2011, usurpando el Ministerio del Interior, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Policía nacional con la firma del Decreto Ejecutivo n.° 632; el segundo, en junio de 2017, la promulgación de un bodrio, el ‘Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público’ (Coescop), que contiene además el ‘Reglamento de uso Legal, Adecuado y Proporcional de la Fuerza para la Policía Nacional del Ecuador’. Ciertos, ocuparon Comandancia y Estado Mayor sorteando su deber ser, el de recuperar la dignidad de la institución, dotarla logísticamente de vehículos, armamento, capacitación académica y operativa, entregando a la sociedad uniformados altamente capacitados en seguridad ciudadana y control del orden público. El honor institucional está en peligro por la crisis actual, la autoestima se agotó por la indiferencia de ciertos mandos y una administración de justicia controversial. Señor presidente de la República, analice hojas de vida, declaraciones de bienes en cada ascenso y nombre un oficial coronel de alta graduación formado disciplinariamente para que se encargue de la Comandancia de la institución, mientras se investiga profundo, quiénes serían los ‘narcogenerales’ denunciados por el Embajador de Estados Unidos y, de ser así, se responda ante la justicia. (O)

Carlos Eduardo Bustamante Salvador, abogado, Quito