Como si estuviésemos en la más grotesca dictadura, en el Servicio de Rentas Internas –SRI– se están cobrando deudas que son materia de impugnación ante el Tribunal Contencioso Tributario, pasando sobre las órdenes de sus jueces que dispusieron suspender el acto impugnado y sus efectos, es decir, suspender el cobro de la deuda que, como todo abogado conoce, es una orden que ninguna autoridad o funcionario puede dejar de cumplir.

Y pese a nuestras advertencias y a la reiterada orden de los jueces del Tribunal Contencioso Tributario, algunos funcionarios del SRI haciendo oídos sordos, en cierto caso proceden a cobrar una deuda que ha sido caucionada en el 10 % de su valor, actuando con una prepotencia que se burla de las garantías constitucionales de seguridad jurídica y tutela judicial efectiva, como si ellos estuvieren por sobre la Constitución, las leyes y las decisiones judiciales. Ese desacato ha hecho incurrir en el delito de “incumplimiento de decisiones de autoridad competente” tipificado en el artículo 282 del COIP. De ahí que esas conductas deben ser castigadas y sometidas a un enjuiciamiento penal. ¡Debe demostrarse a la ciudadanía que las prácticas abusivas de antaño no pueden continuar! Señor presidente Guillermo Lasso, ya es hora de limpiar las instituciones de ciertos funcionarios de vieja guardia que solo entorpecen sus esfuerzos, para sacar adelante nuestro país, y que todos apoyamos. La inseguridad jurídica que se genera por actuaciones de malos funcionarios, aleja la inversión extranjera que necesitamos y deseamos que llegue.

A mis colegas abogados, mis respetos y solidaridad; vivimos tiempos difíciles para ejercer nuestra profesión, pues además de litigar las causas de nuestros clientes, se nos obliga a protegerlos de las malas actuaciones de ciertos funcionarios, que son quienes deberían dar ejemplo de legalidad. (O)

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Lelys María González Montealegre, abogada, Guayaquil