Cuando los servidores públicos, todos profesionales que en su afán de que les respeten sus derechos civiles y laborales declarados en la Constitución realizan una marcha que contraría el actuar del gobernante de turno, de inmediato salen los mandos medios a declararles por los medios de comunicación del Estado (en teoría, de los ciudadanos, pero a los cuales no tenemos acceso), que los servidores públicos están atentando a los derechos de la población y serán sancionados con todo el rigor de la ley.

Hoy, un tipo dirige un grupo de terroristas (adjetivo: del terrorismo o relacionado con esta forma de lucha política violenta), anuncia que seguirán cerrando las vías hasta que su propuesta sea aceptada no solo por el presidente de Ecuador sino por todos los ecuatorianos. ¡Quiénes creen que somos una masa de torpes (adjetivo: que tiene dificultad para realizar una cosa con cuidado o habilidad o para comprender una cosa), que debemos someternos a su imposición!, no comprenden el sistema democrático –al igual que el Gobierno–, el cual determina que la forma de gobernar de acuerdo a la Constitución actual nace de un sistema de representación que se refleja en las urnas y no en el cierre de vías! También, la inacción del Gobierno que no sancionó a los manifestantes al comienzo del paro, trajo consecuencias en contra de los ciudadanos porque han atentado a la libre movilización, al trabajo, al estudio, al comercio, a la reactivación económica, y cometido delitos a vista y paciencia de la autoridad, se han tomado los edificios de tres gobernaciones, cobran peaje a los transportistas para dejarlos circular en carreteras, amenazan a los dueños de empresas para que paren sus actividades so pena de destruir sus instalaciones que dan trabajo a cientos de personas; dan plazos de 20 minutos para que los servicios públicos como la energía eléctrica paralicen, o entrarán a las instalaciones; secuestran a policías, etc. ¿Entienden, esta mal llamada dirigencia indígena y el Gobierno, el tremendo daño que sufren los ecuatorianos cuando los precios de víveres, etc., se han triplicado o no existen productos, pero el sueldo no ha aumentado, el riesgo país superó los 1.000 puntos y las consecuencias económicas que estamos viviendo a nivel nacional e internacional son negativas? Ojalá el Gobierno tenga algún funcionario que sea abogado para que lea la Constitución y el COIP, y entienda que con o sin estado de excepción la ley debe cumplirse de inmediato, y aplicar sanciones, porque manifestantes sinvergüenzas han encontrado en la Asamblea Nacional el ente protector que los resguarda con amnistías ante delitos, bajo el cálculo político de las ‘bancadas partidistas’, importándoles un comino el destino del Estado y los ciudadanos. (O)

John José Betancourt Galecio, abogado, Guayaquil