Vistos los últimos acontecimientos, el Estado ecuatoriano carece de una política de rehabilitación de las PPL –personas privadas de libertad–, ni sus derechos ni los de la sociedad son precautelados con el ominoso sistema imperante. La vida de los ciudadanos está constantemente amenazada por la incontrolable delincuencia organizada y común. Presos orquestan desde las cárceles y cómplices desde afuera, batallas entre bandas y asesinatos masivos por la hegemonía de las cárceles y del tráfico de drogas; dirigen actos de sicariato y otros que asuelan a la sociedad.

Hace algunos años asistí a un seminario internacional de derecho, en el que expusieron la exitosa experiencia de Costa Rica, con una fundación carcelaria. En Ecuador, el doctor Jorge Crespo Toral formó una, pero los gobiernos le impidieron trabajar (hay personas que lucran de las cárceles). Tenían talleres técnicos para hombres y mujeres, cursos de manualidades, formación, etc.

Hay que pedir cooperación de católicos y evangélicos para la rehabilitación material y espiritual, como aprecié hace poco en televisión, en algún país centroamericano, donde un pastor evangelizaba con gran éxito a las PPL.

Publicidad

Se debe complementar con las ‘colonias’, donde cosechan productos para ellos y para la comunidad.

Es imperativo que el Estado implemente una política de rehabilitación de los seres humanos ahí confinados, unos porque lo merecen, con la clásica definición de justicia de Ulpiano: “Iustitia es constant et perpetua voluntas ius sum quique tribuende” –La justicia es la constante y firme voluntad de dar a cada uno lo que le pertenece– (también la pena al delincuente); otros, porque cometieron delitos menores.

Es necesario investigar y aplicar lo que se hace en otros países muy exitosamente, ser creativos y reformar íntegramente. (O)

Publicidad

José Ramón Jiménez Carbo, doctor en Jurisprudencia, avenida Samborondón