Un grupo de seudotecnócratas, ignorando los postulados básicos del libre comercio, proponen un absurdo de precios oficiales que afectará directamente al bolsillo de los ecuatorianos.

Toda decisión que se tome devenida de influencias por parte de estas sesiones son ilegítimas, porque no toman en cuenta los preceptos elementales de la economía, inobservan que la fijación de los precios en el mercado –entendiéndose este como el cúmulo de individuos–, se da como resultado de un contraste entre oferta y demanda, en adición a un cálculo metodológico de costos en la producción.

Si el Gobierno llegase a aceptar la fijación de precios a los productos tendría una serie de consecuencias críticas en materia política, económica y social. Política, porque decepcionaría al electorado que lo respaldó y votó en elecciones. Económicas, porque cuando no exista demanda a los productos por la antedicha medida, los comerciantes tendrán una caída en sus ventas. Social, porque el conjunto de malestares que se generará entre consumidor y productor alimentará a la recesión ya observada a nivel macroeconómico.

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Opino que el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, debería tener presente que él ha sido elegido por la mayoría del pueblo ecuatoriano, no por colectivos o por grupos influenciados por ideologías destructivas, recesionistas y fracasadas.

Además, el Gobierno nacional tiene que recordar su naturaleza de apertura económica, de creencia en el dinamismo que el mismo mercado otorga a los precios de los productos, y preocuparse, eso sí, por mejorar, principalmente, las condiciones del mercado. Bien harían estos ‘colectivos mariateguistas’ en tener presente aquella frase “si el que no trabaja, no comiera, barato el trigo estuviera”. Más producción, menos fijación. (O)

Marcos Víctor Zambrano Reyes, 23 años, estudiante de Derecho, Guayaquil