Últimamente se escuchan peticiones que hacen en Guayaquil sobre proyectos ciudadanos a la actividad laboral digital, gremios de varias ramas, entre otros. El Derecho, sin duda, es el más valioso instrumento de la vida social (Andrés Serra Rojas). Exige mayor estudio, especificaciones, más cuando tiene incidencia económica en leyes sociales (laborales, etc.), lo cual predispone al legislador a considerar elementos imprescindibles para lograr su vigencia y, lo más importante, ser puestas en práctica beneficiando a sus ciudadanos.

Repetiré algunos requisitos indispensables: 1) Nunca se debe legislar sin estudios previos sean económicos, estableciendo beneficios o perjuicios entre la posible ley derogada y la nueva, o una nueva; 2) o sociales, a quiénes se dirigen y a posibles ausentes; 3) o políticos, consecuencias de ser aceptada o rechazada. Agréguense, pureza idiomática y jurídica en concordancia con el ordenamiento jurídico vigente; técnica jurídica como legalidad, legitimidad... ¿Para qué sirve hacer análisis económico de la ley a dictarse?, porque investigará su eficiencia futura. ¿Qué significa esto?, que siendo un derecho complejo, dinámico, humanista con influencias micro y macro fundamentalmente, se convierte en un instrumento de cambio social. En un Estado de derechos (no de derecho) el ordenamiento jurídico tiene como finalidad la justicia económica, ambiental, laboral, agrícola, gremial y más; usando herramientas objetivas e interdisciplinarias de estudios que establezcan la realidad jurídica para contrastar su vigencia. No dictar la ley para arrumarla en el olvido, debe ser la necesidad su implementación, mejorando la convivencia ciudadana conducente a la paz socioeconómica de un país. (O)

Regina Zambrano Reina, doctora en Jurisprudencia, Guayaquil