Al comparar las instituciones públicas con las privadas, desde sus procesos constructivos hasta su desempeño operacional, es necesario que ambas a) tengan una partida presupuestaria que garantice la existencia de los fondos para ese propósito; b) hayan sido bien diseñadas; c) esos diseños hayan tenido fiscalizaciones paralelas y concurrentes, que minimicen la posibilidad de ocurrencia de paralizaciones; d) los terrenos donde serán construidas esas obras pertenezcan a la institución o empresa que las ejecute y no tengan impedimento para construir sobre estos.

Suponiendo el caso de dos hospitales: uno público y uno privado, que tengan las mismas especificaciones técnicas. Y según lo anterior basado en la lógica y en la técnica, supondría que ambos edificios deberían ser construidos con materiales de igual calidad, en el mismo plazo y al mismo costo. Pero aquello no ocurrirá, y aunque según la ley de probabilidades podría ocurrir, la cruel realidad es que un hospital público cuya construcción es contratada por el Estado requerirá un plazo mayor, un presupuesto mayor y muy probablemente con estándares de calidad menores. Finalmente, al evaluar comparativamente sus respectivos desempeños, en el hospital privado, su personal se esmerará en dar a los pacientes el mejor servicio al menor costo posible, porque su sostenibilidad dependerá precisamente de que estos queden satisfechos para que desarrollen fidelidad con la institución. Si no es así, puede haber despidos y hasta el cierre del hospital. En contraste, en un hospital público (manejado por ‘políticos’), su sostenibilidad dependerá del presupuesto anual asignado por el Estado, donde la meta será gastárselo sin que esto signifique que habrá la misma preocupación por el bienestar de los pacientes. (O)

Hugo Enrique Landívar Armendáriz, ingeniero civil, Guayaquil