La seguridad ciudadana, talón de Aquiles del Gobierno, revela su ineficacia. “La seguridad es un bien público y el Estado debe garantizarla” (Abello & Pearce, 2007).

En el 2022, Ecuador sufrió el peor año en su historia respecto a la seguridad, por los 4.603 homicidios registrados, representando un promedio de 10,4 casos por día, y una tasa de 25 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. En el 2023, durante el primer trimestre, hubo 1.356 homicidios, promedio de 17,4 homicidios por día, equivaliendo a un incremento de 66 % (datos de la revista Primicias, de abril). El crimen y la violencia no afectan únicamente a sus víctimas directas, sino también a toda la sociedad. La percepción de inseguridad se refleja en miedo, desconfianza e incertidumbre, provocando cambio de actitudes y costumbres de la gente, como visitar lugares, reunirse con amigos o familiares, ir de compras; conllevando una pérdida del capital social. Además, la inseguridad incide directamente en la legitimidad que la sociedad les otorga a las instituciones del Estado; las percibe como vulnerables, sin gobernabilidad, como es el caso de los entes que manejan la justicia. Si las instituciones públicas, que tienen la responsabilidad de velar por la seguridad ciudadana y la justicia, se han corrompido, el Gobierno pierde su legitimidad. En consecuencia, el comercio, el emprendimiento, el mundo de los negocios también están afectados por la ausencia de las inversiones extranjera y nacional. Es evidente que la falta de políticas públicas coherentes con la situación que atraviesa la sociedad ecuatoriana tenga un alto costo social y económico con repercusiones fuertes en el PIB. (O)

Amelia Janeth Baldeón Toledo, máster en Administración de Empresas y en Negocios Internacionales, Guayaquil