De los casi 400 centros de revisión vehicular, 147 tienen presunción de evasión de impuesto al SRI, Servicio de Renta Internas y a la ANT, Agencia Nacional de Tránsito, en alrededor de $ 50 millones.

Todos estos agentes y servidores públicos desde ya deberían estar bajo custodia en los cuarteles militares, por la falta de civismo con el país, no sin antes exigir a los alcaldes sus disculpas públicas por rodearse de pésimos elementos y cumplir con los más de 110.000 honestos ciudadanos que con mucho esfuerzo pagan las revisiones de sus vehículos; además realizar el respectivo sumario administrativo y pecuniario para alcaldes, concejales y funcionarios que estén involucrados en el problema, los que de resultar culpables, jamás puedan volver a prestar servicios en entidades públicas. Por todo esto Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pongan mano dura con esto. (O)

Jorge Emilio Gutiérrez Vera, Urdaneta, Los Ríos