En nuestro país, lo segundo más virulento después de la pandemia del COVID es el sistema de justicia. No parece exagerado decir esto cuando periódicamente se generan escándalos por decisiones judiciales que desdicen su función en el Estado. No será necesario citar estos eventos desafortunados que indignan a no poder más, son tan recurrentes y evidentes que todos hemos sido testigos de lo muy mal que esto está, y será fácil suponer que habrá muchos más que no salen a la luz.

Es virulento porque un sistema que no funciona contamina la sociedad, genera impunidad y eso se traduce en un círculo vicioso de corrupción, violencia, todo tipo de violaciones a la ley, y crea la desconfianza en el Estado y la inseguridad en general. Esto es incompatible con el deseo que todos tenemos de salir de la pandemia y empezar a producir para ir mejorando la situación penosa que atravesamos. Por esto es urgente que se hagan cambios para que revisando sus historiales de actos judiciales se separe a los malos funcionarios que trabajan para su exclusivo bien personal, se modifique la ley para que malos proveedores de justicia sean de verdad juzgados en la proporción en que sus actos perjudican a la comunidad y no con una simple sanción administrativa. Se deben hacer modificaciones profundas de la ley quizá llamando a una consulta popular, para eliminar los baches legales de los que se sirven ciertos funestos burócratas para lograr pervertidos dictámenes judiciales. No admitir como cosa juzgada todo acto judicial que claramente se haya servido de mañas leguleyas para favorecer un fallo y así permitir que sea revisado por otra instancia. (0)

Kerwin Jack Díaz López, químico farmaceútico, Guayaquil