Acaban de terminar 18 días de paralización y zozobra en el Ecuador, con una herida con difícil cicatrización y una dirigencia indígena exigente en el cumplimiento de acuerdos.

El Gobierno arrinconado se doblegó ante quienes auparon cierres de vías, saqueos y acciones terroristas que, en la Amazonía, causaron la muerte de un sargento del Ejército, hijo del pueblo, cuya sangre no debe quedar derramada impunemente. El corolario fue la mediación de los jerarcas de la Iglesia católica que posibilitaron la firma de un acta, la cual recoge lo que meses atrás parecía imposible de lograr por el presidente Lasso y su equipo, quienes minimizaron la capacidad de convocatoria del indigenado a una protesta: la reducción en total de 15 centavos por galón del precio de las gasolinas extra, ecopaís y diésel; la condonación de deudas; el incremento de bonos; el subsidio de la urea; reflejado en un acta por la paz. Ahora retornamos a la normalidad para enrumbar el país, es inevitable reflexionar en las medidas económicas adoptadas bajo presión; hubiera sido factible decretarlas por voluntad propia a beneficio del interés general, eso evitaría al Ecuador un posparo, impedía los 18 días de inmovilidad, pérdida de vidas, daños materiales y perjuicios económicos a los sectores públicos y privados. Todos debemos aprender la lección. Se mantienen aún en prensa y redes las declaraciones de sectores productivos cuantificando las pérdidas, sin reconocer su responsabilidad en el descontrolado incremento de los precios de productos de primera necesidad; detonante de la crisis (paro) de junio. Es indispensable formular un llamado al sector privado para que haciendo mea culpa de las causas de la protesta y reconociendo el beneficio que acarrea la disminución del precio de los combustibles en sus costos de producción; bajen racionalmente los precios de los víveres de la canasta básica; ¡qué esperan! (O)

David Gustavo Rodríguez Ycaza, doctor en Jurisprudencia, Guayaquil