Sobre el decreto que abre la posibilidad a los civiles de portar armas, hay un gran debate entre los que están y no están de acuerdo.

Ante todo, no se ha abierto el libre porte de armas sino el porte muy controlado, pues hay que cumplir requisitos muy estrictos que son fundamentales. Algunos opositores alegan que como la seguridad es una garantía constitucional y el Estado está obligado a proporcionarla, no se deben otorgar permisos de porte sino exigir al Estado que cumpla. Eso es como decir que como el Estado también tiene que garantizar los servicios de salud y nunca lo ha cumplido, hay que oponerse a que las personas tengan acceso a servicios particulares de salud, y en vez de ello exigir al Estado que cumpla.

Respetando todas las opiniones debemos ser realistas entendiendo que el Estado no puede garantizar ni siquiera medianamente la seguridad. Si alguien se siente en peligro y demuestra ser una persona honesta, mentalmente sana y capaz de manejar un arma con solvencia, no hay razón para que se le impida tener un arma para la defensa. El derecho a defenderse y el derecho a la legítima defensa están también entre los derechos vigentes. Sabemos que los delincuentes tienen armas y municiones muy avanzadas sin necesidad de obtener los permiso. Entonces, si un ciudadano calificado quiere obtener uno y que las autoridades sepan dónde vive y demás particulares, es obvio que no planea cometer ningún delito, sino que va a usar su arma en estricto cumplimiento a la ley. Hay una experiencia importante en el Ecuador, hasta hace unos 15 años todos los permisos de armas que otorgaban las Fuerzas Armadas eran de portar armas. Por 60 años o más, miles de personas pudieron portar legalmente un arma. Preguntemos, ¿en esos 60 años del 2007 hacia atrás hubo en el país mayor o menor delincuencia que ahora? (O)

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Jennifer Tamara Demera Vargas, abogada, Guayaquil