La defensa de la naturaleza contra el extractivismo está siendo debatida por la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuado) en las mesas de trabajo con el Gobierno, para lograr decisiones más acertadas sobre los efectos en el medioambiente del aumento de las economías extractivas.

En los últimos años es mayor la explotación mineroindustrial con aval de organismos ambientalistas como veedores en la aplicación de acciones de mitigación ambiental. Estas actividades dejan muchos réditos al país, no obstante, el extractivismo tiene grave repercusión en la biodiversidad causando degradación de suelo, cambio climático, contaminación de fuentes hídricas, pérdida de soberanía alimentaria, incluyendo bosques protegidos... El país tiene alto grado de dependencia a los recursos naturales, si bien es cierto, el principal ingreso del PIB son las actividades de extracción de petróleo y producción de hidrocarburos, el Gobierno apuesta actualmente a la duplicidad en la extracción de petróleo y minería promulgadas en los decretos 95 y 151, obviando convenios y acuerdos internacionales suscritos por el Estado. En los últimos años se han otorgado concesiones mineras con áreas de 7,5 % del territorio nacional, según el Ministerio de Energía y Minas, abarcando considerables ecosistemas que son contagiados ocasionando el drenaje ácido de minas (“escurrimiento contaminado formado por reacción química entre el aire, el agua y las rocas que contienen minerales sulfurosos”). Los grupos sociales y las comunidades afectadas, reclaman los derechos que consagra la Constitución, de que los proyectos sobre extractivismo deben ser concertados para la toma de decisiones. El panorama eleva el debate entre desarrollo económico y conservación de la naturaleza, debemos buscar soluciones que minimicen el impacto ambiental. (O)

Vicente Mera Molina, arquitecto, Portoviejo

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