La Asamblea Nacional, a propósito de los Pandora papers, tiene como tarea prioritaria pronunciarse con mayor presupuesto a la Fiscalía del Estado, Función Judicial, CNJ, para acelerar las investigaciones de los latrocinios cometidos dentro de los últimos 14 años de gobiernos del siglo XXI, que se autocalifican como perseguidos políticos, se victimizan por denuncias de corrupción contra muchos de sus exfuncionarios públicos alegando que nunca han “delinquido”, “robado” a las arcas fiscales.

Constituye un reto para el país desenmascarar presuntos delincuentes, aunque todos presumimos quiénes son, ya que lo robado tiene que estar depositado en paraísos fiscales de Irlanda, Chipre, Hungría, Luxemburgo, Malta, Holanda, islas Bermudas, islas Caimán, Suiza, Curasao, Hong Kong, Bélgica, Bahamas, Jersey, Barbados, islas Mauricio, Islas Vírgenes Británicas, etc. Las autoridades judiciales y policiales de los Estados Unidos deben colaborar para descubrir dónde están los billones de dólares mal habidos obtenidos por corrupción en Ecuador, y dónde están los testaferros; los dineros sean devueltos, invertirlos en obras; los culpables paguen con pena máxima; enviar la información a la Fiscalía General del Estado, a periodistas de investigación, y el Estado reconocer un 30 % de lo recuperado. (O)

Jorge Ygnacio Arámbulo Benavides, abogado, Guayaquil