El examen de ingreso a las universidades y escuela politécnicas públicas que aprobó el gobierno de Rafael Correa y delegó a la Senescyt (Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación) imponer proyectos como las pruebas Ser Bachiller, Transformar y otras regresivas; desconoció los derechos adquiridos por los bachilleres en mayo de 1969 (a raíz de la masacre estudiantil en la Casona Universitaria), de ingresar a las universidades públicas; pero desde el 2023 dichos exámenes no se harán, pues serán las universidades y escuelas politécnicas públicas las que aplicarán los cursos de nivelación.

La política de ingreso de la Senescyt impulsada por burócratas que jamás habían trabajado en la educación superior fue un total fracaso y generó más de un millón quinientos mil (1′500.000) jóvenes que no pudieron realizar sus sueños de estudiar y alcanzar un título universitario y creó el problema social que se conoce como ‘nini’, ni estudian ni trabajan. Indudablemente esto incidió directa y proporcionalmente para que aumente la delincuencia juvenil. Vale recordarle al Gobierno que debe incrementar las rentas a las universidades y escuelas politécnicas públicas, porque aumentarán los estudiantes en los primeros cursos como producto del error educativo impulsado por el anterior gobierno correísta. Doy de ejemplo que la Universidad de Guayaquil (donde me jubilé de docente), en el año 2012 tenía 85.000 estudiantes, actualmente en el año 2022 tiene solo 55.000 estudiantes, es un hecho regresivo educativo, porque la matrícula debería estar este año en alrededor de los 100.000 estudiantes. (O)

Jorge Gilberto Ortega Tapia, abogado, Guayaquil