La percepción de los ciudadanos respecto de la gestión judicial y la seguridad es un reflejo de cómo funciona la administración de justicia en el país. ¿Si usted fuera víctima de un delito, confía en que el sistema judicial va a condenar al culpable?

Cuando además de los ciudadanos, los policías cuestionan el proceder de jueces y fiscales al procesar a presuntos delincuentes que han sido capturados en flagrancia, se colige que se rebasan los niveles aceptables de errores cometidos por servidores sometidos a evaluación periódica.

Esta semana, con una prueba privada de COVID-19, un juez liberó a tres detenidos en un operativo de rutina, captado en video, que viajaban ocultos en un camión con doble fondo en el que la Policía halló más de una tonelada de cocaína. A los procesados se les otorgó medidas sustitutivas, a pesar de los informes del Centro de Salud del ministerio público, donde se los examinó previamente, que indican estaban en perfecto estado y no presentaban sintomatología relacionada con COVID-19 ni problemas respiratorios.

La Policía se queja de este tipo de actuaciones, por su recurrencia.

En 2017, las instituciones integrantes de la Mesa de Justicia, junto con la Gobernación del Guayas, plantearon realizar una auditoría de gestión a jueces y fiscales por el alto número de detención por delitos flagrantes que terminaron en ratificación de inocencia (33%), para indagar qué pasó en esos procesos y tomar los correctivos necesarios, de ser el caso.

En febrero del 2019, se inauguró la Unidad Judicial Penal con Competencia en Delitos Flagrantes del cantón Guayaquil, en la remodelada Unidad de Vigilancia Comunitaria Modelo.

En la práctica no son las edificaciones sino los funcionarios la medida con la que los usuarios valoran las buenas prácticas en las instituciones.

En la actualidad no mejora la percepción de un cumplimiento cabal de los principios de la administración de justicia, por lo que recobrar el prestigio de sus servidores debería de ser prioritario.