Confinar a la democracia significaría retrasar la agonía de un gobierno que nació sin las competencias necesarias para constituir el Estado. Un gobierno ausente y en retirada que hoy pone a la ciudadanía ante un dilema: ¿ponemos nuestro derecho a la vida, a nuestra salud por delante de la democracia y nuestro derecho al voto?, o ¿ponemos la democracia, nuestra obligación de sufragar, por delante de nuestra vida, de nuestra salud? Una colisión de derechos en el proceso electoral, cuyo éxito descansa en la autonomía de la voluntad de cada ciudadano.
Los derechos humanos son interdependientes, están vinculados entre ellos y son indivisibles. Escoger un derecho sobre otro implica una deliberación difícil, definida por la subjetividad con la que cada persona asigna peso a un derecho en sacrificio de otro. El desafío electoral para el ciudadano es aún más intenso cuando estamos frente a una obligación constitucional de votar. Tomar una decisión acertada busca, a primera vista, ser justa y racional. Como ciudadanos debemos reconocer que tanto el derecho a la vida como el derecho a la democracia revisten suma importancia para la paz, la seguridad y el desarrollo de nuestro país. Por lo tanto, es necesario garantizar el ejercicio de ambos derechos.
Un ejercicio de ponderación permitiría a cada ciudadano identificar el riesgo de contagio ante la obligación de sufragar. Si la autoridad electoral toma todas las precauciones de bioseguridad para poner a los ciudadanos ante el menor riesgo posible; y las autoridades nacionales y locales imponen medidas de cumplimiento obligatorio, además de las generales de usar mascarilla, limpieza de manos, distanciamiento social, horarios de votación, y la justificación de no participar en el proceso electoral ante el eventual caso de enfermedad o contagio, la ciudadanía ejerce la discrecionalidad para, cuidando su legítimo derecho a su vida y la de la comunidad, cumplir su obligación democrática. En consecuencia, el ciudadano se encuentra ante la tremenda responsabilidad de, en aplicación a la sana crítica individual, cumplir con su deber cívico con nuestra democracia.
La sociedad deberá resaltar, reconocer e incentivar los esfuerzos de sus ciudadanos por cumplir su deber constitucional; que por las circunstancias sanitarias del mundo y del país constituirían lo más cercano al heroísmo, que deberá ser apreciado y respetado por la clase política; y especialmente valorado por los órganos de control electoral para el estricto respeto a la decisión del votante: el soberano.
Urge la necesidad de evolucionar el proceso electoral: modernizar la norma y digitalizar la técnica, para que el rol primordial del Estado de velar por sus ciudadanos se cumpla estrictamente y no poner, como lo vivimos hoy, al ciudadano velando por el Estado. Buen ejemplo nos ha dado Estados Unidos, donde el voto por correo se constituyó en la principal herramienta de bioseguridad y estimuló mayor participación en el proceso electoral. La responsabilidad ciudadana exige hoy potencializar dos grandes virtudes: la prudencia y la solidaridad; cualidades que fortalecen el valor soberano de nuestra democracia. (O)