Las políticas de Estado relacionadas con el desarrollo digital no han logrado concretar en la última década una hoja de ruta tecnológica que acelere nuestra transición hacia la economía digital. La oferta electoral ha integrado en su discurso político iniciativas digitales como el acceso a internet y dispositivos inteligentes, la telemedicina, la justicia digital, blockchain para combatir la corrupción y el gobierno abierto. Ofertas reactivas, aisladas y recursivas para vitalizar un discurso político que necesita desmarcarse del pasado para llevarnos al futuro.

La digitalización es nuestro presente. Concretar una estrategia digital sostenible, que supere los ciclos políticos, exige un plan de acción multisectorial con objetivos prioritarios enfocados en infraestructura digital, innovación y competitividad, capacidades digitales de la fuerza laboral y gobernanza digital. Cuatro prioridades que integren las garantías de los derechos fundamentales a la nueva economía, a través de la visión tecnológica humanista de los emergentes derechos digitales, donde la equidad, la inclusión y la seguridad constituyen la base medible de una prosperidad digital sostenible.

Disciplina, consistencia y perseverancia caracterizan el liderazgo digital. Hacer empresa en la economía digital implica crear una cultura de innovación abierta para estimular la productividad y la competitividad en un mercado transfronterizo de mayor escala, donde la descentralización de los procesos productivos, la reconfiguración de las cadenas de valor y el comercio electrónico de bienes y servicios garanticen una transición económica segura hacia la igualdad social y el comercio justo e inclusivo.

El principal activo en la economía digital es el talento. Los mayores esfuerzos de inversión deben focalizarse en la creación constante de nuevas capacidades digitales en la fuerza laboral para crear y capturar valor en la oportunidad digital. Una fuerza laboral competitiva exige un modelo de educación continua, de ciclos cortos de aprendizaje digital, que permite crear un nuevo modelo de empleabilidad, en el que la estructura salarial se fortalece a través de la constante actualización de conocimiento técnico digital y su demanda. Empresas, sindicatos, asociaciones gremiales y universidades deben crear una alianza estratégica para construir una plataforma integrada de educación para el empleo digital, donde la oferta educativa esté directamente relacionada con el ciclo progresivo de la transformación digital de las empresas y sus estrategias de negocio.

La prosperidad digital exige coherencia regulatoria. Una regulación flexible e inteligente que ponga en el centro la protección y el respeto a la integridad humana. Promover la especialización de la legislación digital es un imperativo clave para garantizar avances responsables en materia de identidad digital, privacidad, gestión de datos, ciberseguridad, automatización, robotización e inteligencia artificial. El efecto transversal de la digitalización debe integrarse en la política laboral, tributaria y comercial con la agilidad y la inmediatez que caracteriza a la innovación tecnológica. (O)