Por María Laura Patiño

Si hay algo que Ecuador debería haber aprendido de la más grande crisis bancaria de 1999 es que se pagan caro los incentivos perversos, producto de regulación financiera inadecuada y supervisión permisiva que puede terminar transformando problemas coyunturales en generalizados y sistémicos.

La crisis financiera global de 2008 fue también producto de incentivos perversos que se generaron porque a los “mercados financieros internacionales” las leyes nacionales más eficientes no les alcanzaban. Abusando de mecanismos ‘innovadores’ de los mercados de valores se escondieron los créditos más riesgosos en vehículos oscuros, mal calificados y sujetos a las regulaciones de los países más laxos. Se presentaban como valores cero riesgo a valores ‘tóxicos’ que escondían créditos incobrables a deudores sin activos, sin ingresos y sin trabajos, conocidos como créditos ‘ninja’.

Hoy en el Ecuador miramos atónitos cómo al Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol), que administra el ahorro de los fondos complementarios de la Policía, le cuesta explicar la naturaleza de las inversiones que realizó; el tipo de garantías para cubrirse en caso de incumplimiento de sus ‘deudores’, e inclusive para identificar sus contrapartes. Las oscuras ‘inversiones’ realizadas no garantizaban ni seguridad, ni liquidez, ni siquiera una rentabilidad acorde con el altísimo riesgo asumido. Todo eso va contra la naturaleza de una administración responsable de cualquier fondo de pensiones. Isspol asumió que meramente canjeaban bonos de deuda interna por bonos de deuda externa; en realidad se trataba de un canje de sus bonos de deuda interna (a pagarse a relativo corto plazo directamente por parte del Ministerio de Finanzas) por inversiones en fondos de alto riesgo en el exterior. Por una oscura participación del Depósito Centralizado de Valores (Decevale) no se ha podido explicar cuáles son los títulos que representan estas ‘inversiones’, ni los mecanismos para hacer efectivos derechos en caso de que se suspendan definitivamente los pagos. Existen sustentadas dudas respecto de si el Decevale podía emitir unas ‘certificaciones’ de la tenencia de derechos en oscuros fondos del exterior, cuando el Decevale se encuentra absolutamente desfasado de los procedimientos considerados como fundamentales para actuar como un sistema de compensación y liquidación de valores reconocido internacionalmente.

Parecería que todos estos hechos se han producido bajo la lupa y hasta con el auspicio de las autoridades de regulación, supervisión y control.

¿Si en el Isspol ha pasado esto, qué garantiza que el ahorro de los fondos previsionales principales y complementarios del IESS haya tenido un mejor manejo? El país y los ahorristas merecen explicación y transparencia. El impacto más grande sería que estas pérdidas las asuma el Estado. ¿Será para impedir que todo se aclare que la ministra de Gobierno, María Paula Romo, que levantó la alfombra del caso Isspol ha sido destituida sin adecuados sustentos por una Asamblea cuestionada? Se socializan nuevamente las pérdidas y privatizan las ganancias. Mientras tanto el silencio de las autoridades continúa auspiciando la impunidad en el Ecuador. (O)