Recibí del Sercop –Servicio Nacional de Contratación Pública– ese mensaje. Son muchos los que lo habrán recibido.

Para marcar, aparece una carita feliz, la escogerán quienes confían en que vendrán correctivos; una de indiferente; y otra con el ceño fruncido, ¿pensará que todo terminará siendo cuento? Y sigue una encuesta de decenas de ítems a marcar.

Valoro las intenciones de Silvana Vallejo, titular del Sercop. Quisiera marcar la carita feliz, necesitaría evidencias de que se están ejecutando correctivos.

Cito un caso, para correctivo. Las entidades públicas exigen que en los contratos en que son adjudicatarias compañías anónimas se establezca que cesiones de acciones por encima de un porcentaje del capital deberán requerir autorización previa de la entidad pública para la cesión, porque –de no haberla– podría declararse la terminación unilateral de los contratos. Esto es absurdo, porque una compañía no puede condicionar la cesión de sus acciones a los accionistas. ¿Han declarado, alguna vez, esa terminación unilateral? Que yo sepa, no. Pero esa norma es fuente de riesgos y de chantajes. Otra cosa es que sea obligación de la contratista informar de las cesiones.

Conoce el Sercop –no lo pregunto, lo afirmo– que hay entidades públicas que en la contratación pública se guardan por días resoluciones y actuaciones que solo deberían tener vigencia por su publicación en el Portal de Contratación Pública, con ilegales e ilícitas frases como “vigencia inmediata” u otras. Diez días o más omiten la publicación, para luego hacer un “carga montón” que empate las subidas al Portal con la finalización de una etapa. Conducta mañosa y no ética.

Jurídicamente es nulo lo actuado cuando no se respeta el principio de la publicación previa en el portal, para su vigencia –similar al principio de la promulgación de las leyes–, pero ¿quién hace respetar la norma?

Fuera del beneficiario, del que decide, los otros oferentes saben que un juicio para la nulidad llevará tiempo y costos; y, piensan, que ante la posibilidad de otros procesos de compras podrían ser afectados por encadenamientos mañosos que se formen.

Una noticia reciente ha sido la contratación de seguros para Petroecuador. Una década de contrataciones y extensiones con Seguros Sucre llevó a una red delictiva de sobreprecios, vías gansteriles para los reaseguros, sobornos a funcionarios, sobre lo que hay varios juicios en el Ecuador y en Estados Unidos –como el lavado fue en ese país, los millones robados al Ecuador van a la administración norteamericana–.

Después de múltiples extensiones, el Sercop quiso suspender el proceso licitatorio que debía adjudicarse en este noviembre –para un estudio de mercado, se anunció– lo que habría generado otra extensión de los diez años, por la misma vía utilizada para la corrupción. Petroecuador defendió el proceso y adjudicó el contrato. Una tarea de la empresa pública, del Sercop y de la Contraloría será evidenciar que sí puede haber contratación pública honesta, con forma transparente de calcular las primas y no solo publicidad de valores nominales, porque en las coberturas hay inclusiones y exclusiones. (O)