Lenín Moreno al apartarse de la línea presidencial señalada por su mecenas, estaba consciente de que para gobernar no solo perdía el poderío político de la fuerza electoral triunfante, sino que esa conducta le granjeaba su odio y venganza, debido especialmente a la pérdida de su dominio en la administración pública, manifestada en una oposición beligerante desde la Asamblea llena de enemigos irreconciliables.

Para el enfrentamiento inicial y las posteriores sacudidas políticas debía contar no solo con el valor y la experiencia política suya, sino con la del premier, encargado de dirigir y coordinar la política gubernamental; su ministro de Gobierno, que lleva en los hombros el peso de sus pecados y omisiones, y, la responsabilidad política de consolidar el gobierno. Es el brake político gubernamental. De su experiencia y habilidad conciliatoria dependen en gran parte su estabilidad y seguridad, apoyándose en sus aliados y en las mayorías móviles parlamentarias.

Su prueba de fuego la constituyeron las movilizaciones indígenas y el frustrado intento de golpe de Estado de octubre del año pasado, en las que fue objeto de la crítica ciudadana capitalina por la falta de represión policial combativa más severa. Probablemente su omisión fue la que permitió el desarrollo exponencial del asalto terrorista que durante once días padeció Quito y todo el Ecuador.

Paradójicamente, un año después, la ministra de Gobierno y Policía, María Paula Romo, ha sido llamada a juicio político por la Asamblea Nacional precisamente por excesos policiales durante estos sucesos.

En un conversatorio con la asistencia de la ministra de Gobierno al que fuimos invitados varios columnistas, días después de los desmanes, ella, haciendo gala de su versación y documentación probatoria, nos hizo conocer con lujo de detalles los mismos pormenores expuestos la semana pasada en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización del intento de golpe de Estado, que coordinado y aprovechando la revuelta de octubre, como lo confiesa en Estallido uno de sus cabecillas, estuvo a punto de consumarse, abortado con el decidido apoyo democrático de la ciudadanía, del ejército y de la fuerza pública.

La ministra les desvirtuó así, con abundancia de detalles, la inconsistencia de las acusaciones de los interpelantes, evidenciando el vergonzoso papel desempeñado por ellos, aferrados a consignas revanchistas y afán figurativo.

Una Asamblea desprestigiada, con el dos por ciento de credibilidad, de la cual a 60 de sus 134 integrantes personalmente los relacionan con diversos ilícitos, carece de fuerza moral para entablar juicio político por los sucesos de octubre del año pasado, cuando permite que los principales actores y simpatizantes de estos actos terroristas y de negociados impunemente se campean por el pleno de la Asamblea en abierta camaradería con sus integrantes.

La censura ministerial, de darse por estas acusaciones, constituiría inversamente una merecida condecoración legislativa a la ministra. Cualquier otro tema a tratar respecto a su conducta, como decía un recordado jurista manabita, “debe ser materia de otro almuerzo”. (O)