A diferencia de un jefe de Estado –que proviene de una tendencia política–, el Congreso de un país es la suma de las representaciones a las que el pueblo avala con su voto.

Se podría pensar que, en el caso de Perú, cuando 105 congresistas –de un total de 130– votaron por la destitución del presidente Martín Vizcarra por “permanente incapacidad moral”, en un segundo intento en menos de dos meses, la decisión la toman para beneficio del pueblo.

El mínimo de votos requerido para la destitución es de 87 (dos tercios). El Parlamento ya había intentado destituir a Vizcarra en septiembre por presuntos casos de corrupción del mandatario durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. En esa ocasión, luego de escuchar al mandatario y a su abogado, el pleno votó la moción de vacancia, que resultó rechazada por 78 legisladores; hubo 32 votos a favor y 15 abstenciones.

El pasado lunes, el Congreso logró la destitución de Martín Vizcarra, por presunta “incapacidad moral”. Al día siguiente fue posesionado como presidente del Perú Manuel Merino, quien desempeñaba la presidencia del Congreso desde el 16 de marzo de 2020.

Está previsto que los peruanos acudan a las urnas para elecciones generales en abril próximo y que la entrega del mando se realice en junio del 2021, es decir, será breve este tercer mandato de un mismo periodo; recordemos que Vizcarra era vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien renunció en medio de una pugna política por acusaciones de supuestos vínculos con la constructora brasileña Odebrecht y escándalos por grabaciones que involucraban a congresistas a cambio de respaldos.

Se han dado marchas y alertas en rechazo a la forma en que se decidió la vacancia de Vizcarra, aunque se admite que había motivos para investigarlo. Los pueblos deben seguir de cerca las acciones de sus representantes, pues es evidente que la incapacidad moral ha llegado a niveles escandalosos y se mantiene porque suele atrincherarse en mayorías coyunturales. (O)