Un promedio de 308 llamadas por violencia intrafamiliar se registra cada día en el ECU911. La mujer es la víctima directa, pero no la única; las consecuencias negativas alcanzan a la familia y al país en general.

Según un informe de abril del presente año, de ONU Mujeres, sobre la violencia doméstica en el contexto del COVID-19, esta ha aumentado en tiempos de crisis; no se hace lo suficiente para prevenirla; y, cuando ocurre, a menudo queda impune.

Entre el 12 de marzo (cuando empezó la cuarentena) y el 31 de octubre se registraron 70.439 llamadas al ECU911. De ese número, 25.000 correspondieron a Guayas, provincia en la que se han reportado 24 femicidios este año; le siguen Pichincha con 15 casos y Manabí con 9.

Durante el reciente feriado de cuatro días fueron asesinadas seis mujeres, una persona trans entre ellas, y varias tentativas de femicidio fueron alertadas al sistema integrado de auxilio.

Adicionalmente, un hecho atroz de intolerancia que implicó violencia, tortura y humillación fue denunciado el viernes en Babahoyo, por una víctima que fue dopada y rapada por dos desconocidos y luego abandonada en el cementerio. En el hospital se confirmó que estuvo bajo los efectos de la escopolamina.

Por el nivel de violencia contra las mujeres evidenciado recientemente, representantes de varias entidades y organizaciones que participaron en un plantón en Cuenca se reunieron con la fiscal general, Diana Salazar, quien refirió que está convencida de que la prevención de la violencia de género “es la base, trabajando Estado y ciudadanía, uniendo esfuerzos”.

Además de la prevención, dar respuesta a la violencia contra las mujeres y las niñas es una obligación que debe ser asumida por todos los sectores de la sociedad, desde gobiernos hasta organizaciones civiles, pues las consecuencias negativas de la violencia doméstica también incluyen enormes costos por atención médica, gastos legales, merma la productividad, y todo ello menoscaba el presupuesto nacional y el desarrollo general. (O)