Esta semana se dio una audiencia por un pedido de protección de amparo en contra del Decreto 1094, que permite la concesión de la refinería de Esmeraldas. Y aunque este fue inadmitido por el Tribunal, los demandantes han anunciado que apelarán y que están dispuestos a ir a instancias internacionales.

Un grupo de jubilados de Petroecuador se opone a que este 22 de septiembre el Gobierno abra la licitación para la concesión de la refinería de Esmeraldas, argumenta que se pretenda delegar un bien estratégico mediante un decreto y no con una ley. Ellos han hecho propuestas para mejoras en la refinería, pero el Estado no cuenta con recursos para invertir.

Para el Gobierno, hay varias ventajas en la concesión de la administración de la refinería de Esmeraldas a una empresa privada internacional. Llegará una inversión de $2400 millones y habrá un ahorro anual de $300 millones por menor importación de derivados, en el caso de resultar exitoso el proceso.

No menos importante es que se podrá aprovechar mejor el crudo y habrá una mejora ambiental cuando la refinería produzca combustibles bajo la norma euro 5. La concesión será por 25 años.

El dirigente de los trabajadores de la refinería dijo que han estado realizando talleres sobre beneficios y perjuicios de la concesión y que estarían de acuerdo con el proceso si los pliegos y los términos de referencia son claros y transparentes. Ellos están conscientes de que se requiere de inversión tanto para que mejore el proceso productivo como el ambiente de la ciudad y la provincia.

Es importante analizar cuán eficiente ha sido la administración pública a cargo de la refinería. La última amarga experiencia reportó $2200 millones perdidos en la fallida repotenciación liderada por Jorge Glas durante el correato. La defensa de los bienes de sectores estratégicos debe promover también una eficiente administración y rendición de beneficios para el país; caso contrario, no tiene sentido insistir sobre resultados negativos. (O)