El presidente optó por que la firma del acuerdo de restructuración de la deuda sea un acto público, con presencia –reducida pero representativa– de dignatarios y la sociedad civil, y dirigió un mensaje a la ciudadanía agradeciendo a tirios y troyanos, poniendo punto final al capítulo del financiamiento de la gigantesca brecha fiscal de 2020, magnificado por la cuarentena. Cerrado ese capítulo, se abre otro, lo que le resta hacer hasta entregar el poder en mayo 24.

Lo primero es el gasto público, donde la tarea es muy delicada. El Fondo Monetario anota que si bien se necesita austeridad, esto tendrá que esperar a la superación de los problemas causados por la pandemia. Parte de los recursos que desembolsa irán a la expansión del programa de bonos para quienes la depresión económica sume en la pobreza. Pero no podemos repetir para 2021 un déficit fiscal de $4000 millones o más. ¿Quién lo va a financiar? Tendrá que haber énfasis en una mayor eficiencia del gasto público. Seguir con el cierre de empresas que pierden dinero y de entidades públicas que no aportan. No remplazar empleados que se jubilan.

Tendrá que ponerse énfasis en las reformas necesarias para tornar a la economía en más competitiva. Las relaciones con la Asamblea no son las mejores, dadas las investigaciones de corrupción de asambleístas. Pero debe hacerse un esfuerzo para ver qué reformas legales pueden pasar por la Asamblea. Un buen candidato es la reforma monetaria, para que el Banco Central no esté bajo la férula del ministro de Finanzas. Y reglas que acerquen a la legislación bancaria a las normas internacionales, que le permitan fortalecerse.

Ideal sería una reforma laboral. Ha quedado evidenciado que la protección desmedida del empleo, la rigidez extrema en la relación laboral y el alza anual de salarios –ya de suyo protegidos por la dolarización– causan que los patronos busquen tener el menor número posible de empleados. ¿Cuánto más tendrá que caer el empleo para que haya clima para una reforma laboral?

Hay que mejorar el entorno normativo a las actividades con buenas perspectivas para reactivarse. Como el mercado interno está deprimido, eso significa exportaciones. Deben firmarse acuerdos comerciales que nos abran mercados. Adoptar normas que propendan a facilitar la inversión en tecnificar el banano –en lugar de proteger a la ineficiencia–, el avance en camarón y cacao, la renovación de la flota atunera, la recuperación florícola. La diversificación de la experticia en estos productos hacia otros con buenas perspectivas en mercados internacionales, como la pitahaya y el aguacate.

Hay inversión extranjera represada en minería, por falta de un catastro minero. El Gobierno lo cerró hace tres años, hoy tiene que actualizarlo de acuerdo con las mejores prácticas, y reabrirlo. No hay otro sector que pudiese atraer inmediatamente tanta inversión extranjera, con la inmediata creación de empleo, contratos con empresas locales, y la promesa de futuras exportaciones e ingresos fiscales.

Lo ideal sería que si elegimos bien, el Gobierno entrante no tenga que hacer arrancar una administración pública y economía paralizadas, sino que las encuentre en marcha y que lo que haga sea acelerar su accionar. Así saldremos en menos tiempo de la peor crisis de la historia. (O)